El ministerio público considera que el que ahora es diputado de ERC hizo valer su condición de alcalde para permitir el uso de las instalaciones de un centro educativo como colegio electoral durante la jornada del referéndum ilegal.

La Fiscalía sostiene que Solé tenía conocimiento pleno de la prohibición del Tribunal Constitucional de adoptar cualquier iniciativa que pudiera favorecer la celebración de la consulta ilegal porque podrían derivarse consecuencias penales.

Según dice el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, el alcalde tuvo una “activa participación en la promoción, organización y celebración del referéndum ilegal” en la localidad de Agramunt, donde participó en la ocultación de las urnas y estuvo en contacto con los componentes de las mesas electorales.