Aguado indicó que, a petición del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, el Consejo de Gobierno acordó hoy elevar la petición tras reconocer la "especial trascendencia y repercusión de la consulta sobre el alcance de la acción inspectora del Gobierno regional tanto en los centros universitarios públicos como privados".

Afirmó que el objetivo de esta consulta es que el Consejo de Estado pueda definir el marco competencial de las universidades y de las administraciones para velar por los profesionales del futuro y por todos los estudiantes universitarios que están o van a estar en las aulas durante los próximos cursos.

Además, informó de que el Ejecutivo autonómico eleva la consulta al “observar cierta problemática para determinar la supervisión de la Comunidad de Madrid teniendo en cuenta el margen que ofrece, por un lado, el respeto a la autonomía universitaria, y, por otro, los límites que establece la normativa básica estatal a las comunidades autónomas y a la función inspectora estatal en el sistema universitario”.

Aguado manifestó que la Comunidad de Madrid considera que el respeto a la autonomía universitaria, recogida en el artículo 27 de la Constitución Española, tiene que ser compatible con una Administración que pueda corregir cualquier situación que vaya en contra del principio fundamental de rigor y excelencia académica.

Finalmente, destacó que "el prestigio y la reputación de la comunidad universitaria es una prioridad para el Gobierno regional, que quiere convertir a Madrid en un gran distrito universitario a nivel internacional".