El texto se ha votado a las 9.00 de la mañana antes de que el Pleno del Tribunal Constitucional se reuniera y acordara su suspensión, con lo que la Mesa de la Cámara autonómica evitaría incurrir en un delito de desobediencia. Pese a la maniobra, el TC ha suspendido la moción cuando aún se estaba discutiendo. Lo que no ha llegado a manos del presidente del Parlament, Roger Torrent, es la notificación formal del acuerdo del alto tribunal.

El TC había advertido por tres veces a Torrent de que incurrirá en responsabilidades penales si le desobedecía las prohibiciones, pese a ello la Mesa tramitó el texto el pasado 29 de octubre.

Este martes el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de España contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña de ese 29 de octubre y de 5 de noviembre de 2019. Pide que se suspenda su vigencia, tras la invocación del artículo 161.2 de la Constitución.

El acuerdo de 5 de noviembre rechaza las solicitudes de reconsideración presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialistes y Units per Avançar y de Ciudadanos y el Subgrupo Parlamentario Popular.

El TC acuerda que esta resolución “se notifique personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros”.

A todos “se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

El Tribunal también requiere al Parlamento de Cataluña que, en un plazo de tres días, remita el acta de la sesión de la Mesa de 29 de octubre así como los informes y documentos relativos al citado Acuerdo. También deberá enviar el acta de la Mesa del 5 de noviembre junto con los informes, si existen, y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario Popular.

Una vez que el Tribunal reciba los documentos solicitados, dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.