En un comunicado, la patronal señala que animar a esas acciones por parte de una Administración que tiene “el deber y la obligación de preservar la seguridad ciudadana y el normal funcionamiento de los servicios públicos”, “representa una extrema contradicción que deriva en la confrontación entre manifestantes y los cuerpos de seguridad”.

Foment lamenta que las movilizaciones de protesta que se han sucedido desde la comunicación de la sentencia el 14 de octubre contra los políticos catalanes secesionistas, están provocando “graves afectaciones económicas para el conjunto de las empresas catalanas, y del resto de España y Europa”. El último episodio ha sido que el transporte de mercancías y de pasajeros que circulan por la AP-7 estuvo hoy interrumpido en la Jonquera, con colas kilométricas en Francia y España.

Foment entiende que es prioritario en este momento evitar tanto los riesgos personales como los perjuicios económicos para el tejido empresarial catalán que ha demostrado su compromiso en la generación de riqueza y en la creación de puestos de trabajo a todo el territorio.

“Más allá de las consideraciones políticas que legítimamente pueda defender cada persona”, agrega la patronal, “es urgente garantizar la movilidad para continuar la actividad económica y empresarial”.