La formación considera en su escrito que es una “contradicción” que los funcionarios públicos sean desplazados para garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos y “ellos mismos no puedan ejercer el suyo”. Además, recuerda que la JEC está en “la obligación de realizar cuántas medidas estén a su disposición" para garantizar dichos derechos”.

Vox muestra como ejemplo de la posibilidad de adoptar estas medidas la que figura en Ley Orgánica 5/1985, donde se indica que “cualquier persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera, sin limitar ni cerciorar ese derecho a los funcionarios públicos que en el ejercicio de su profesión se ven obligados a desplazarse de forma extraordinaria como refuerzo policial siendo requeridos por sus obligaciones como trabajadores al servicio del bien común”.

Vox propone, para garantizar el voto de los agentes desplazados, “votar por medio de persona autorizada de forma notarial mediante documento que se extenderá individualmente en relación con cada elector o electora, para lo cual los electores en cuestión únicamente han de contactar con un notario que actuará, de manera gratuita, (Consejo General del Notariado) recepcionando el voto de los policías desplazados y presentándolo en las provincias correspondientes”.