Fuentes del departamento dirigido en funciones por Teresa Ribera señalaron a Servimedia que desde el Ministerio se han llevado a cabo "numerosos" intentos durante el último año para que Fertiberia haga efectiva la garantía y "cumpla con lo impuesto judicialmente y lo establecido en la Ley de Costas".

Desde Transición Ecológica recordaron que esa garantía es una obligación de la Ley de Costas para los titulares de concesiones extinguidas cuyas instalaciones se deben retirar con el fin de evitar que un eventual riesgo medioambiental sobre el dominio público se quede sin estar cubierto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado en un reciente auto que Fertiberia debe abonar "sin paliativos ni demoras" una garantía financiera de 65,9 millones de euros, con lo que da la razón al requerimiento formulado el pasado 19 de julio por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica.

Concretamente, el auto da un mes a Fertiberia para que "constituya garantía mediante aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros, hasta la completa ejecución de los trabajos de regeneración ambiental del Proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyesos situadas en el término municipal de Huelva". Además, advierte a esta empresa especializada en fertilizantes de que adoptará medidas coercitivas si cumple con esa obligación.

Además, añade que sólo si Fertiberia acredita "suficiente y fehacientemente" que no puede constituir esa garantía total o parcialmente podrá admitirse una garantía hipotecaria sobre los muebles o inmuebles de la empresa.

Fertiberia fue titular de una concesión en dominio público marítimo-terrestre en Huelva que caducó en 2003. En 2009, la Audiencia Nacional impuso a la empresa la obligación de regenerar la zona que ocupaban las balsas de fosfoyesos. El proyecto de regeneración está pendiente de declaración de impacto ambiental.