La suspensión se produce después de que el Gobierno de España haya invocado la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que implica la suspensión del precepto impugnado. El Ejecutivo sostiene la inconstitucionalidad del apartado 11 del acuerdo del 22 de octubre que “reitera y reiterará tantas veces como lo deseen los diputados y diputadas… la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político, y el acuerdo del 29 de octubre por el que se rechazan las solicitudes de reconsideración formuladas por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario Popular”.

El pleno del TC, a petición del Gobierno de España, también acuerda que esta resolución “se notifique personalmente al Presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros”.

A todos ellos les advierte "de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

El Tribunal también ordena al Parlamento de Cataluña que, en un plazo de tres días, remita el acta de la sesión de la Mesa de 22 de octubre así como los informes y documentos relativos al citado acuerdo. También deberá enviar el acta de la Mesa del 29 de octubre junto con los informes, si existen, y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el subgrupo parlamentario Popular. Se dará traslado de la documentación al ministerio fiscal y al Parlament de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.