Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde indicó que el objetivo último es proceder al desmantelamiento de esta instalación, que se encuentra en estado de hibernación desde abril de 2016, para qdejar de asumir el coste de su mantenimiento.

Actualmente, los pozos del 'Castor' están sellados con unos tapones metálicos que tienen capacidad para retener el gas durante unos cuatro años. Al proceder al sellado definitivo, se instalarán tapones de hormigón, que no deberán ser renovados. En cuanto a su futura clausura, el Gobierno tiene claro que no va a reactivar en ningún caso el almacén y quiere facilitar la mejor opción para su desmantelamiento.

El almacén puede seguir en estas condiciones de hibernación durante el tiempo que sea necesario ya que es sometido a controles mediante una monitorización constante y a inspecciones anuales por parte de Enagás y de Lloyds.

Esta instalación, que fue construida por la empresa Escal-UGs (con participación de ACS), provocó una serie de terremotos en diversas localidades cercanas de las provincias de Castellón y Tarragona cuando se procedió a su llenado, lo que llevó al Gobierno a suspender su actividad para dejarla finalmente en hibernación.

Como consecuencia, concedió una indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa, indemnización que fue suspendida por los Tribunales y que todavía sigue pendiente de su devolución al Estado, que, de momento, ha dejado de devolver el préstamo que le concedieron el banco Santander, CaixaBank y Bankia para que la pudiera pagar a Escal-UGS.