El Tribunal suspende la vigencia y aplicación de dicho acuerdo, tras invocar el Gobierno central el artículo 161.2 de la Constitución, desde el día 28 de octubre de 2019 -fecha de interposición del conflicto- y establece que así le sea comunicado al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Asimismo, el Constitucional ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Generalitat para que aporte las alegaciones que considere convenientes. La incoación del conflicto también se comunicará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por si se impugnara el citado acuerdo, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto.