En la misma nota se expone que la aplicación de un nuevo sistema de información del impuesto provocó que las comunidades autónomas sólo hayan recibido en 2019 la liquidación de once meses del ejercicio 2017. Asimismo, se añade que el Ejecutivo madrileño va a recurrir a los tribunales después de que el Gobierno central haya señalado que “no se puede compensar el desajuste que se produjo ese año en la liquidación del impuesto, debido a la prórroga presupuestaria y a que el Gobierno está en funciones”.

A juicio del Gobierno regional, se ha vulnerado el principio de “lealtad institucional”, recogido en la Ley 22/2009 que rige la financiación de las comunidades autónomas, que señala que “en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá́ todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas contengan la valoración correspondiente”.

NUEVO SISTEMA SOBRE EL IVA

Según la Consejería de Hacienda, en 2017, el Gobierno central implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA (Suministro Inmediato de Información -SII-) utilizando para ello medios electrónicos.

Como consecuencia de la adaptación al nuevo sistema, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo once meses contabilizados.

Hacienda considera que este nuevo sistema ha provocado una merma en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se estima en 377 millones de euros el impacto económico por haber perdido el mes de diciembre en la liquidación del IVA, lo que equivale al 0,15% del PIB.

En este sentido, el Ejecutivo madrileño recuerda que el Gobierno central había reconocido la necesidad de introducir medidas correctoras y así lo reflejó en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El texto recogía que este año se ejecutarían un total de 13 autoliquidaciones para compensar lo ocurrido en 2017. Sin embargo, en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró públicamente que no se podía llevar a cabo dicha compensación al no contar con Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Además, en la misma nota de prensa se informó de que el Ejecutivo madrileño sigue reclamando al Gobierno de España la subvención al Consorcio Regional de Transporte, que asciende a 127 millones de euros, y que permite sufragar más de 1.550 millones de viajes cada año. Esto significa que, sin la aportación del Estado, se dejarían de beneficiar 139 millones de viajes.

La Comunidad de Madrid ha solicitado por carta, desde las consejerías de Hacienda y Función Pública y de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, el abono de la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes.