Así consta en, al menos, siete resoluciones distintas recogidas por Servimedia y dictadas por este organismo desde el mes de junio. En la última de ellas, firmada el 19 de septiembre, el Consejo no solo desestimaba la petición para acceder al contrato, sino que también rechazaba que se publicasen las reuniones que el presidente del Gobierno y la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano (como colaboradora en el proceso de escritura) mantuvieron con la editorial Planeta.

El Consejo de Transparencia, que es el organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, considera que esta información “no se encuadra dentro” de la definición de información pública. Es decir, el contrato no está relacionado con el ejercicio del cargo de presidente y las reuniones que se hayan podido mantener no están “vinculadas al proceso de toma de decisiones” de los altos cargos.

FALTA DE TRANSPARENCIA

No obstante, el Consejo sí que afea al Ejecutivo su falta de transparencia, ya que en ningún momento contestó a los ciudadanos y a las organizaciones que solicitaban esta información. “Ha de recordarse a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno la obligación que le corresponde de tramitar y responder dentro de los plazos legales a las solicitudes de información presentadas en ejercicio de un derecho de anclaje constitucional”, remarca Transparencia.

Además, advierte de que “el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora”.

El Gobierno únicamente ofrece sus argumentos en las alegaciones que se presentan ante Transparencia una vez que el ciudadano ha reclamado que el Ejecutivo no ha contestado dentro del plazo legal de 30 días.

En estas alegaciones, el Ejecutivo se ampara en la ley que regula los altos cargos de la Administración para defender su postura. En concreto, Presidencia hace referencia al artículo 13, que obliga a los altos cargos a tener “dedicación exclusiva”, pero con algunas excepciones. Precisamente, entre esas excepciones están “las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquellas”.

Por lo tanto, las alegaciones del Gobierno sostienen que Sánchez “ha realizado una actividad perfectamente compatible con el ejercicio de presidente del Gobierno como alto cargo” y el contrato firmado con la editorial “queda al margen de lo que se entiende por información pública al pertenecer a su ámbito personal y privado”.

INGRESOS POR LA PUBLICACIÓN

Finalmente, el Consejo de Transparencia también refleja en sus resoluciones que es “la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio publica un libro” y que, según habían señalado fuentes socialistas, “el libro fue escrito en su mayor parte antes de que su autor fuera nombrado presidente del Gobierno”.

Como Sánchez fue elegido diputado el 28 de abril, tras las últimas elecciones generales, tuvo que presentar su declaración de bienes y rentas. En ella figura un ingreso de 16.666,66 euros en concepto de “derechos de autor”. En la presentación del libro aseguró que donaría estos ingresos a “personas sin hogar”.