Delgado hizo esta consideración al presentar el libro 'Derecho penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso', que ha escrito Guillermo Portilla Contreras y que ha editado el Ministerio de Justicia.

Según informó este departamento, la ministra se refirió, al presentar esta obra, a que entre 4.000 y 5.000 homosexuales fueron encarcelados durante la dictadura por su orientación sexual, lo que formó parte de la “represión sistemática” que el régimen llevó a cabo respecto este colectivo.

La titular de Justicia se refirió a que la Ley de vagos y maleantes del 15 de julio de 1954 aludía a que los homosexuales “ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al acervo de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad española”.

Delgado añadió que esta norma fue sustituida en 1970 por la Ley de peligrosidad social, abolida en 1995, que recogía penas de internamiento de hasta cinco años en cárceles o manicomios. Junto a esta, el Código Penal añadía el supuesto de “escándalo público”, que en la práctica se convirtió en arma legal para la represión de homosexuales y transexuales.

La titular de Justicia recordó que las personas acusadas de escándalo público y peligrosidad social eran recluidas en módulos de presos comunes, sin la consideración de presos políticos, por lo que no pudieron beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1977. Cuando recuperaban la libertad eran repudiados por su entorno familiar y convertidos en “apestados sociales”, sufriendo por ello terribles consecuencias en su dignidad y derechos fundamentales.