La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, fue clara al respecto al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa.

Celaá rechazó la posibilidad con el argumento de que “el Gobierno solo trabaja con resoluciones de la ley y no con declaraciones que corresponden al derecho de libertad de expresión”.

Tras los incidentes violentos de la última semana en Cataluña, la ministra informó de que más de 200 personas han sido detenidas y un total de 31 personas han ingresado hasta ahora en prisión como responsables de esos episodios, convocados contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los políticos responsables del desafío independentista de otoño de 2017.

La gran mayoría de las detenciones fueron obra de los Mossos, ya que la Policía Nacional detuvo a 34 personas y la Guardia Civil a 8. Celaá, precisó, además, que 15 menores fueron llevados a centros policiales para tomar declaración y ser puestos a disposición judicial. De ellos, uno ha sido ingresado en un centro de internamiento y 14 han quedado en libertad tras declarar ante el juez.

La ministra informó también de que cerca de 300 agentes resultaron heridos de diferente consideración, de los cuales 154 eran policías autonómicos, 134 policías nacionales y 1 un guardia civil. También indicó que aún continúan hospitalizados dos policías nacionales, “a los que deseamos su pronta recuperación”.

Asimismo, reivindicó los principios de “ley, proporcionalidad y moderación frente a quienes pretenden destruir lo que nos une” y señaló la “honda conmoción” que han provocado los incidentes violentos “en Cataluña y en el mundo”.

Celaá señaló que “quienes están cometiendo delitos y son responsables de agresiones y pillaje están siendo perseguidos y detenidos” porque “no hay ningún espacio para la impunidad”. Preguntada sobre las protestas que está convocando la organización independentista 'Tsunami Democrático' -incluso para el partido de fútbol entre FC Barcelona y Real Madrid que fue aplazado para el 18 de noviembre precisamente por los acontecimientos violentos- admitió que al Gobierno le “preocupa cualquier movilización violenta” pero se prepara “para las eventuales respuestas” que sean necesarias.