Así lo dijo Planas en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con representantes de la función pública de CCOO, UGT y CSIF para abordar la subida salarial de 2020 y otras materias relativas al empleo público.

Planas manifestó que el compromiso del Gobierno es “respetar el contenido del acuerdo y aplicarlo”, pero ante la convocatoria electoral y al estar en funciones, dijo que en esta situación “no tiene capacidad para aprobar un decreto-ley que incremente los salarios, salvo que haya un Gobierno investido en España tras las elecciones”.

Matizó que “a primera vista, el Gobierno en funciones no puede comprometerse desde el punto de vista jurídico y presupuestario” con la subida salarial, pero que “tendremos que verlo en función del calendario político” y "buscaremos el mejor instrumento para poderlo hacer".

En cualquier caso, aseguró que, si la subida se aprobara después del inicio del año, se aplicaría con carácter retroactivo.

El Gobierno trasladó recientemente a la Comisión Europea en su Plan Presupuestario la intención de elevar los salarios de los funcionarios el próximo año un 2% más un porcentaje variable en función de variables macroeconómicas como el crecimiento del PIB, de manera que la subida final podría oscilar entre un mínimo del 2,3% y un máximo del 3,3%.

“Mi mensaje es un mensaje de seguridad, de tranquilidad para los empleados públicos” porque “estamos dispuestos a cumplir con lo acordado en sus propios términos”, aseveró el ministro.

MOVILIZACIONES

Por parte de los representantes sindicales, el presidente de CSIF, Miguel Borra, manifestó que esperaba “más” de esta primera reunión de Planas como titular de Función Pública con los sindicatos. “Se ha comprometido a cumplir lo que había firmado, faltaría más”, aseveró Borra, quien pidió “seguridad de que el 1 de enero de 2020 tendremos que tener la subida del 2%”.

CSIF consideró que existen mecanismos legales para hacerlo y anunció que va a plantear movilizaciones.

Desde CCOO, el coordinador del Área Pública, José Fernández, señaló que es “absolutamente exigible que haya voluntad política para cumplir los acuerdos” y admitió que tras las elecciones del 10 de noviembre “podemos estar ante un escenario muy complejo para poder formar gobierno”. “Quien tiene la posibilidad tiene que buscar la solución jurídica válida”, dijo, y añadió que “entendemos que sí hay posibilidades técnicas para producirse el incremento el 1 de enero”.

Por parte de UGT, el secretario de Organización de la Federación de empleados de Servicios Públicos (FeSP), Frederic Monell, consideró que “tenemos una tormenta perfecta”, con las elecciones generales, el Gobierno en funciones y la cercanía del final del año.

Reconoció que aprobar la subida en estas condiciones “tiene algunas dificultades” desde la perspectiva legal, pero apuntó que “si a partir del día 10 de noviembre hay nuevo gobierno, ese gobierno podría tener posibilidades de hacer un decreto-ley”.

Monell hizo un llamamiento al resto de partidos para que manifiesten su compromiso con el cumplimiento de la subida salarial con un decreto “para cobrar a partir del 1 de enero”.

En cuanto a las movilizaciones, CCOO indicó que el 7 de noviembre han convocado concentraciones en la Administración General del Estado (AGE) y UGT trasladó que va a dar “margen” al Gobierno para ver si cumple los compromisos adquiridos, y en caso de no hacerlo, “todas las posibilidades estarían abiertas”.