Según informó el Ayuntamiento, Fuentes se reunirá también en breve con las asociaciones de vecinos por la misma cuestión y, tal y como anunció en la Comisión del Área, va a entablar contacto con la Comisión Europea para pedirle que establezca unas condiciones globales a las plataformas turísticas online en su relación con las administraciones locales.

El objetivo es que haya una comunicación directa y sincera entre el Ayuntamiento y estas plataformas para que saquen de su oferta aquellas viviendas turísticas en las que se producen reiterados incumplimientos.

Todo ello, afirma el Consistorio, encaminado a abordar la situación de una forma “realista” y con todos los sectores implicados, dado que la situación actual en esta materia es de “una evidente inseguridad jurídica”, pues el Plan Especial de Hospedaje elaborado por el anterior equipo de Gobierno ha sido objeto de doce recursos ante los tribunales y dos de ellos piden la suspensión del mismo, algo que está pendiente de la deliberación judicial. Ante este panorama, el Ayuntamiento asegura que prefiere esperar a que los tribunales clarifiquen la situación.

Desde el 15 de junio se han inspeccionado 1.202 viviendas de uso turístico, se han iniciado más de 160 expedientes y se ha dictado orden de cese para 358 viviendas. Con el ordenamiento jurídico actual, afirman, la administración municipal no tiene competencias para realizar otro tipo de acciones.