Los hechos se produjeron en enero de 2017, cuando, según la propia fundación, una de las empleadas del bar impidió el acceso a dos jóvenes gitanos alegando que, por orden del dueño, les estaba prohibida la entrada. Los jóvenes expusieron el caso al Secretariado Gitano, que elevó una denuncia a la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio.

Tal y como explicó la entidad en un comunicado, “la denegación de acceso a bienes y servicios en el ámbito privado es un delito de discriminación que se recoge en el artículo 512 del Código penal”, y aseguró que la política del establecimiento atenta contra el “derecho a la Igualdad y la dignidad de las personas”, recogidos en la propia Constitución.

Según el testimonio de uno de los jóvenes, “en aquel momento nos sentimos humillados y avergonzados, no entendemos cómo en el siglo XXI se nos trata así por ser gitanos”. La fundación, por su parte, explicaron que hechos como éste debe ser abordados “desde un enfoque de derechos humanos”.

Por último, el Secretariado Gitano explicó que estos hechos no son aislados, al tiempo que celebró que este juicio “envía un mensaje claro a quienes no permiten la entrada a sus locales por una motivación antigitana”.