Así lo comentó la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. Este es el tercer viernes consecutivo que el Ejecutivo eleva ante el TC una cuestión catalana. El recurso de hoy se suma a los cinco incidentes de ejecución de sentencia requeridos días atrás ante las resoluciones del Parlament y con advertencias legales a la Mesa de la Cámara catalana y al presidente de la Generalitat. Ninguno de estos aspectos tiene rango de ley.

“El objetivo es que el Constitucional declare que la comunidad autónoma ha menoscabado las competencias del Estado y vulnerado el principio de lealtad institucional, y tenga que “adecuar ese plan” porque “omite toda referencia al Estado”, explicó.

Se trata del segundo paso del Gobierno contra este plan, después de que el pasado mes de agosto se le pidiera una modificación al Govern que preside Quim Torra. Se toma esta decisión de recurso, previo informe del Consejo de Estado, tras la “negativa” del Ejecutivo catalán a realizar ningún cambio.

La portavoz explicó que se ha seguido el procedimiento que fijan estos procesos. El Gobierno requirió el pasado 23 de agosto a la Generalitat que cambiara el plan pero, dentro del plazo de un mes hábil previsto, el Ejecutivo catalán trasladó el 26 de septiembre su “negativa” a modificarlo. Fuentes de Moncloa indicaron que el Gobierno tenía un mes hábil para recurrir la cuestión y, por eso, lo ha acometido ahora.

El Gobierno da este paso porque estima que los problemas jurídicos y competenciales que se plasmaron en dicho requerimiento, persisten si se mantiene el Plan en su redacción actual y, por ello, ha interpuesto conflicto positivo de competencia.

Celaá explicó que la vulneración del marco constitucional descrito por el Plan Estratégico de Acción Exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 se produce porque “omite toda referencia al Estado y a la función de coordinación” que éste realiza y que le habilita para establecer principios y directrices que también son “completamente omitidos”.

Además, dijo, la Generalitat ha “excedido” el marco constitucional de sus competencias, ha invadido las competencias estatales, y, en especial, la competencia en materia de relaciones internacionales que la Constitución española arroga al Estado en su artículo 149.1.3ª, y ha “menoscabado tal competencia estatal vulnerando asimismo el principio de lealtad constitucional”.

En este sentido, el Gobierno observa que en el plan hay “abundantes elementos que reflejan un menoscabo” de la función de coordinación del Estado, como es la ausencia de menciones a los restantes sujetos de la acción exterior, a la normativa aplicable y a la necesidad de coordinación con el Estado, o la falta de rigor en los términos utilizados, que lleva a confusión sobre la naturaleza jurídica de los instrumentos jurídicos internacionales que pueden ser suscritos por la comunidad autónoma.

Desde el punto de vista constitucional, Celaá señaló que se “no puede dejar de lado el contexto en que se aprueba” el plan por lo que el Ejecutivo coincide con el dictamen el Consejo de Estado en que nace en “un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España y que se ha visto reflejado en una gran diversidad de actuaciones que, en el marco de la actividad institucional de la Generalitat, han llevado a cabo el presidente de la Generalitat, los consejeros y las Delegaciones en el exterior".