En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá recalcó el "firme compromiso" del Ejecutivo contra este delito. Con motivo del Día europeo contra la Trata que se celebra el 18 de Octubre, el Gobierno aprobó hoy una declaración institucional, donde se subraya "la preocupación de España por las víctimas de la trata de seres humanos".

En ella se señala que la dimensión transnacional del delito exige "un análisis de las características de los procesos migratorios actuales, donde las situaciones de emergencia, de conflicto, de pobreza o de persecución tienen como consecuencia el inicio de un proyecto migratorio o la huida del lugar de origen".

De este modo acaban "en manos de las mafias, que aprovechan estas situaciones de vulnerabilidad para comerciar con seres humanos mediante distintas formas de explotación", apunta el texto. "Todo ello exige la colaboración con las administraciones implicadas en los procesos de acogida a inmigrantes y solicitantes de protección internacional", continúa, para "garantizar una capacitación especializada de los profesionales y los mecanismos de coordinación adecuados", a fin de detectar y proteger a víctimas o potenciales víctimas de trata.

En su intervención, Celaá subrayó la "firme voluntad del Gobierno de seguir avanzando en la erradicación de la trata de seres humanos, un delito que quebranta los derechos humanos mediante el mercadeo de personas" con distintos fines de explotación. Para ello, se "avanzará en la adopción de medidas y de políticas públicas" que ayuden a combatir este delito y apoyar a las víctimas.

En la declaración, el Ejecutivo insiste en que su política contra la trata parte de "un enfoque centrado en la víctima, con el objetivo de garantizar una respuesta contundente y coordinada de los poderes públicos para asegurar su rescate y recuperación, promoviendo su protección y el ejercicio de los derechos de los que fueron privadas".

El texto destaca la importancia de instrumentos esenciales para garantizar la adecuada identificación y protección de las víctimas como el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata de seres humanos aprobado en 2011, que definió las pautas de comunicación entre las administraciones e instituciones implicadas para favorecer el acceso a los recursos de asistencia y protección, estableciendo pautas de colaboración entre ellas y reconociendo el importante papel de las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas y en las que estas confían.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La declaración incide especialmente en la dimensión de género en los casos de trata con fines de explotación sexual, e insta a seguir avanzando a través de la adopción de medidas que garanticen el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos. Con este objetivo se trabaja en el ámbito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, explicó Celaá, que entre otras medidas propone la elaboración de una Ley integral para combatir la trata con fines de explotación sexual.

También defiende un mayor conocimiento de la situación de la trata en España mediante la colaboración entre las distintas administraciones implicadas, a fin de procurar una información estadística más amplia sobre esta forma de violencia contra las mujeres, y mediante la promoción de investigaciones y estudios que permitan un conocimiento adecuado de esta realidad.