Así lo indicó el Banco de España este viernes después de que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) haya decidido, en acuerdo con las autoridades nacionales competentes, conceder hasta el 31 de diciembre de 2020 de plazo para un requisito que debía haber entrado en vigor el pasado 14 de septiembre.

Conforme a la normativa, será obligatorio que se verifique al titular de los pagos de dos formas y no solo una como hasta ahora. Así, junto a la clave o CVV de las tarjetas o código recibido por el comprador vía SMS, podrían añadirse otras opciones de autenticación como una pregunta de seguridad o reconocimiento biométrico (huella dactilar, del iris, etc).

El uso de dos de estas posibles confirmaciones será obligatoria, salvo para ciertas transacciones como serían las compras menores de 30 euros o cuando el cliente es habitual.

Este cambio supone una revolución para aquellos operadores no financieros como son los comercios electrónicos, obligados igualmente a adaptar sus sistemas para facilitar el proceso y que no habían hecho la transición en el tiempo establecido en un inicio.

Por eso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) abrió la puerta el pasado día 21 a moratorias tras reconocer la complejidad de los mercados de pagos en la Unión Europea, especialmente para aquellos actores involucrados que no tienen la condición de proveedores de servicios de pago, como son los comercios electrónicos.

El Banco de España decidió asumir esa flexibilización y abrió un periodo transitorio para ayudar a los distintos operadores que se verán afectados por la nueva normativa de pagos a adaptar sus sistemas.

El organismo revisará durante este periodo transitorio los planes de migración que presenten los proveedores de servicios de pago. Trabaja para ello en colaboración con los distintos actores, incluidos consumidores y comercios.