Según indicó el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, este jueves ha tenido lugar la primera sesión del Consejo de Administración de esta agencia, en la que ha participado la directora del Organismo Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano Ponz.

Ante la mayor movilidad laboral de los trabajadores de la UE y, con ello, el mayor número de casos de fraude contra los derechos de los trabajadores, la Autoridad Laboral Europea surge para responder a la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados en los casos de fraude transnacional.

En la sesión de apertura, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, destacó el hecho de que, en la actualidad, alrededor de 17,5 millones de ciudadanos europeos viven o trabajan en otro Estado miembro distinto al de su origen, lo que representa el doble que hace una década.

Por su parte, Serrano Ponz destacó que la nueva Autoridad Laboral Europea “fortalecerá la cooperación en la lucha contra el fraude transnacional en el ámbito social, favoreciendo la protección de los derechos de las personas que se desplazan por el territorio comunitario, la competencia leal entre las empresas y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”.

FUNCIONAMIENTO

La Autoridad Laboral Europea, cuyo Reglamento fue aprobado el pasado 20 de junio, estará ubicada en Bratislava (Eslovaquia) y desarrollará tres tipos de funciones.

En primer lugar, se encargará de fomentar la movilidad laboral intereuropea, facilitando el acceso a la información y servicios a empresas y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones al moverse dentro de Europa.

En segundo lugar, reforzará la cooperación entre los Estados miembros en la aplicación de la legislación de la Unión dentro de su alcance, facilitando inspecciones concertadas y conjuntas y abordando el trabajo no declarado.

Finalmente, mediará en la búsqueda de soluciones en casos de resolución de conflictos de competencias entre Estados.

La nueva Autoridad dispondrá de una estructura permanente que, cuando alcance su plena capacidad operativa, contará con un personal de aproximadamente 140 personas. Cada país designará un funcionario de enlace que ayudará a coordinar las inspecciones que impliquen a varios Estados de la Unión.