Se elimina así el último obstáculo para la salida del dictador del Valle de los Caídos después de la sentencia favorable del Tribunal Supremo y de la inadmisión a trámite del recurso que la familia presentó ante el Tribunal Constitucional.

El proceso se inició por la denuncia de un particular que alegaba, apoyándose en un informe arquitectónico de la Fundación Francisco Franco, que la exhumación del exjefe del Estado presentaba riesgos de seguridad y necesitaba licencia urbanística. La Abogacía del Estado presentó, por su parte, otro informe de técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, que negaba los riesgos y calificaba la obra como “menor”.

El juez Yusty se resistía a archivar la causa pese a la petición expresa de la Abogacía del Estado para cerrar el proceso sobre la licencia. Llegó a pedir una certificación literal de la sentencia del Tribunal Supremo. El Supremo dictó entonces una providencia en la que indicó que su sentencia es "título legítimo bastante" para acceder a la basílica y proceder a la exhumación.