Es la conclusión general del relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Philip Alston, en un informe que presentará este viernes a la Asamblea General de Naciones Unidas. El trabajo se basa en visitas a varios países, así como en una consulta global con presentaciones de más de 30 países de todo el mundo.

"A medida que la humanidad avanza, tal vez inexorablemente, hacia el futuro del bienestar digital, necesita alterar el curso de manera significativa y rápida para evitar tropezar como un zombi en una distopía del bienestar digital", asevera.

El informe indica que el "estado de bienestar digital" se defiende comúnmente como algo altruista y noble diseñado para garantizar que los ciudadanos se beneficien de las nuevas tecnologías, tengan un gobierno más eficiente y disfruten de mayores niveles de bienestar.

Sin embargo, Alston señala que la digitalización de los sistemas de bienestar se utilizan a menudo para promover reducciones profundas en los presupuestos generales de bienstar, estrechar el grupo de beneficiarios, eliminar algunos servicios, introducir formas de condicionalidad exigentes e intrusivas, buscar objetivos de modificación de comportamiento, imponer regímenes de sanciones más fuertes y revertir la noción tradicional de que el Estado debe rendir cuentas al ciudadano.

"Los Estados de bienestar digital corren el riesgo de convertirse en caballos de Troya para la hostilidad neoliberal hacia la protección social y la regulación", apunta Alston, quien añade: "Además, el empoderamiento de los gobiernos en países con déficits significativos en el Estado de Derecho dándoles el nivel de control y el potencial de abuso brindado por estos sistemas de identificación biométrica debería estremecer a cualquier persona, incluso vagamente preocupada, para garantizar que la era digital sea amiga de los derechos humanos".

"ZONA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS"

Alston comenta que los gobiernos justifican la introducción de costosos y complejos sistemas biométricos de tarjetas de identidad digitales con el argumento de que mejoran los servicios de bienestar y reducen el fraude. "Los gobiernos y las consultoras tecnológicas que los asesoran comúnmente denominan al proceso como 'transformación digital', pero este término un tanto neutral no debería ocultar el carácter revolucionario y políticamente impulsado de muchas de esas innovaciones", recalca.

Añade que "los sistemas de protección y asistencia social están cada vez más impulsados ​​por datos y tecnologías digitales que se utilizan para diversos fines, incluso para automatizar, predecir, identificar, vigilar, detectar, atacar y castigar".

Según Alston, el papel dominante del sector privado en el diseño, la construcción e incluso la operación de partes importantes del "estado de bienestar digital" es una de las principales razones de preocupación. "La mayoría de los gobiernos no han exigido que las compañías de Big Data cumplan con los estándares de derechos humanos y, debido a que las propias compañías se han resistido firmemente a tales esfuerzos, éstas a menudo operan en una zona libre de derechos humanos", indica.

Este relator subraya que la comunidad de derechos humanos ha hecho hasta ahora "un trabajo muy pobre" al persuadir a la industria, el gobierno o la sociedad en general de que "un futuro tecnológicamente impulsado será desastroso si no se guía por el respeto a los derechos humanos y se basa en ley".

No faltan los análisis que advierten sobre los peligros para los derechos humanos de diversas manifestaciones de la tecnología digital y, especialmente, de la inteligencia artificial. "Pero ninguno ha capturado adecuadamente la gama completa de amenazas representadas por la aparición del estado de bienestar digital", asevera.