Bajo el título 'Sedición y mentira', FAES hizo público un análisis tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas catalanes a penas de sedición y malversación, descartando condenas por rebelión (como solicitaba la Fiscalía).

FAES remarca que no corresponde a la política dictar sentencias, “pero sí exigir que se haga justicia cuando los intereses esenciales del Estado de Derecho han quedado comprometidos”. Valora así que la sentencia del Supremo ha querido responder a esa exigencia a pesar de “las expectativas”.

En este sentido, la fundación de Aznar dice que era “perfectamente razonable” que, en la línea seguida por la Fiscalía, se sostuviera que actuar como lo hizo en otoño de 2017 el Gobierno catalán -que tenía a sus órdenes una fuerza policial armada de 17.000 efectivos- “implicaba una violencia inherente a un poder público que se había situado al margen de la obediencia a las leyes”.

Asimismo, estima FAES que ese Gobierno autonómico “proyectaba una 'vis intimidatoria' relevante por sí misma con independencia de cómo se manifestara”. Además, destaca que esta interpretación de la Fiscalía sobre la existencia de rebelión “seguramente se correspondía más fielmente con la percepción social de lo ocurrido en Cataluña”.

A este respecto, FAES recuerda que “la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado acreditada”. Sin embargo, prosigue este análisis, la Sala entendió que la violencia que requiere el tipo penal de la rebelión, tal y como se define en el Código Penal, “tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenda de forma directa, sin pasos intermedios a los fines que anima la acción de los rebeldes”.

La fundación del expresidente se sitúa en el “marco de razonamiento” del TS y determina que “la exoneración de los políticos independentistas catalanes del delito de rebelión pone de manifiesto la mentira y la cobardía de estos, según sus propios criterios”.

Argumenta que fueron los procesados los que “banalizaron la declaración de independencia” y “la dejaron reducida poco menos que a una diversión sin más pretensiones” con el objetivo de “librarse de la acusación de rebelión”. “Reconocieron, en suma, que mintieron”, recalcan desde FAES.

Según este análisis, es evidente que la sentencia “no acaba con los propósitos desestabilizadores” del independentismo en Cataluña pero sí aporta “el elemento esencial de la afirmación del orden jurídico” restablecido mediante la actuación de los tribunales.

Ahora, continúa el texto, la cuestión es si la sociedad catalana “se deja arrastrar por esos despropósitos desestabilizadores o si toma nota de la enorme mentira perpetrada por el independentismo y por sus grotescos liderazgos en Barcelona y en Bruselas”.

Por último, la organización que lidera Aznar defiende que el Estado no debe tener “ninguna duda” a la hora de asegurar el orden legal y la integridad del sistema constitucional, lo que incluye “el efectivo cumplimiento de las penas sin beneficios que, desde ahora, deben quedar excluidos”.