Entienden que la presencia de organizaciones políticas en los procesos judiciales supone un “riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política”. El tribunal explica que a tenor lo que ha venido sucediendo en los casos en los que estaba personado algún partido, "la sentencia adversa no suele ser explicada por el partido accionante como la consecuencia jurídica de la valoración jurisdiccional de los hechos.

Antes al contrario, se presenta ante la opinión pública como la expresión de un condicionante ideológico que los jueces han antepuesto a la realidad acreditada”. “Pero lo que es verdaderamente perturbador”, continúan los magistrados, “no es tanto la constatación de uno u otro de los signos de identidad que definen el programa de cada formación política, sino la presencia misma de ese partido”.

La Sala apuesta por la “necesidad de limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones políticas” de manera general, sin que su ausencia se subordine a la propuesta ideológica que suscriba cada una de las fuerzas políticas que intente la personación. "Es un hecho notorio que algunos de los partidos políticos a los que pertenecen los procesados han tomado también parte activa mediante el ejercicio de la acción penal en procesos penales abiertos que, por una u otra razón, presentaban algún interés electoral". No obstante, es obligación de la Sala admitir la personación de las acciones populares que se han personado en tiempo y forma.