El FJI señaló que “en un Estado social democrático y de derecho todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir estrictamente el principio de legalidad”.

Para esta asociación, “las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por todos los ciudadanos sin excepción”. Añadió que la sentencia del Supremo sobre el 'procés' es "firme, ejecutiva y pone fin a la vía jurisdiccional, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que se puedan interponer”.