Este colectivo emitió un comunicado tras conocerse la sentencia del ‘procés’ en el que calificó como “decisión de indudable trascendencia histórica de la que sólo el tiempo permitirá establecer su alcance en la convivencia democrática y el funcionamiento institucional de nuestro país” la decisión del Supremo.

Destacó que el juicio tuvo lugar “en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas las partes” y recordó que en el sistema judicial español hay “suficientes instrumentos para encauzar la crítica jurídica a la sentencia y los afectados podrán presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancias que tendrán la última palabra”.

Abundó en que la crítica a las resoluciones jurídicas es “legítima y necesaria en una sociedad democrática” comentando que el “contrapunto de esa libertad es que no se coarte la independencia judicial y se garantice que el tribunal que resuelve no se vea condicionado por injerencias externas”.

Por ello, afirmó que “ni el Poder Judicial ni el procedimiento penal son el marco más adecuado para resolver un problema de trascendencia histórica”, lo que le sirvió para llamar a poner en marcha un “esfuerzo político y social” en la renovación del “Pacto Constitucional” vigente para lograr un “marco de convivencia” que incluya a quienes, tanto en Cataluña como en el resto de España, mantengan “divergencias” sobre el modelo territorial del Estado.