Así consta en este documento de poco más de tres folios, recogido por Servimedia, en el que desglosa “seis compromisos” para la formación de un “gobierno progresista liderado por el PSOE” después del 10-N y en el que también enumera seis medidas que quiere aprobar en sus primer semestre de mandato y otras 14 para el primer año.

Con el objetivo de facilitar y acelerar la formación de un gobierno, tras la experiencia de la investidura fallida del pasado mes de julio por fuertes desacuerdos con Unidad Podemos, Sánchez asegura ahora que está dispuesto a mantener conversaciones “con todos los partidos para desbloquear España”.

En este sentido, anuncia que “en el plazo de 48 horas” tras el resultado de las urnas presentará “una propuesta a cada fuerza con el objetivo de formar en el plazo de un mes un gobierno progresista, unido y coherente en los grandes temas nacionales y que no dependa de los votos independentistas”.

Entre sus propuestas estarán alcanzar un “acuerdo de defensa de la democracia española, de la Constitución y de la integridad territorial para asegurar una respuesta unitaria frente a cualquier tentativa unilateral de ruptura del orden constitucional” en Cataluña; un “acuerdo por un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real y aumentando la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas”; y un “acuerdo de financiación autonómica y local, y de lucha contra la despoblación, que permita una financiación adecuada de todos los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas y las entidades locales”.

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

Pero la propuesta más llamativa, adelantada por Sánchez en las últimas semanas, pasa por un “pacto contra el bloqueo” que garantice la investidura y evite la repetición de elecciones generales para el futuro. Eso implica una reforma del artículo 99 de la Constitución que regula el procedimiento de la investidura, con la idea de implantar un modelo “similar al ya vigente en el País Vasco o Asturias”.

“Contemplará que gobierne en primera instancia -como ya sucede en la actualidad- el candidato que obtenga la mayoría de apoyos parlamentarios y, de no lograr ningún candidato dicha mayoría y solo en ese caso, sería investido el candidato de la fuerza más votada”, sostiene el plan de Pedro Sánchez para futuras citas con las urnas, ya que en esta ocasión no podría aplicarse porque se aprobaría después de su investidura.

Dado que la constitución de las nuevas Cortes Generales que salgan de las elecciones generales del 10-N están previstas para el 3 de diciembre, Sánchez quiere “convocar y celebrar una sesión de investidura en la segunda quincena del mes de diciembre” para que el nuevo Gobierno esté conformado “antes de concluir el año”.

Si fuera necesario, adelanta su intención de “cancelar la tradicional suspensión navideña del periodo de sesiones del Congreso de los Diputados” para acelerar las gestiones y la acción del nuevo Ejecutivo, que en la segunda quincena del mes de enero aprobaría un techo de gasto para el año 2020 y presentaría su proyecto de Presupuestos Generales “durante el primer trimestre de 2020".

SUS PRIMERAS MEDIDAS

El Plan de Sánchez incluye seis medidas que pretende aprobar en el primer semestre del nuevo mandato al frente de La Moncloa. Entre ellas sobresalen “blindar” la educación pública, proteger a la infancia, una ley de eutanasia, endurecer el Código Penal para delitos sexuales, impulsar la nueva ley de transición ecológica y aprobar una estrategia de economía circular.

Aunque estos seis compromisos están planteados para el primer semestre de su nuevo mandato al frente del Ejecutivo, el habitual procedimiento parlamentario impedirá que estén aprobados en la primera parte de 2020, ya que la aprobación de nuevas leyes requiere primero que pasen por el Consejo de Ministros, después que se sometan a debate en el Congreso y en última instancia que sean ratificadas por el Senado. Lo habitual es que este proceso se alargue al menos alrededor de nueve meses.

Para estos seis objetivos, el PSOE anuncia su deseo de aprobar una nueva ley de educación; una ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia; la modificación de “hasta 11 leyes” para redefinir los perjuicios por abuso físico, psicológico o emocional; una ley de muerte digna y eutanasia; una reforma del Código Penal “para que todo lo que no sea un SÍ sea No” en lo referente a delitos sexuales; una estrategia de transición ecológica “justa” y con beneficios para la economía y el empleo; y un proyecto de ley de plásticos de un solo uso.

Para el resto del primer año, Sánchez promete intensificar la lucha contra la precariedad laboral, “derogar los aspectos más lesivos” de la reforma laboral del PP, impulsar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, la “abolición de la prostitución”, una ley contra la trata con fines de explotación sexual, una ley que facilite el acceso a vivienda digna y adecuada y mejore la protección de los consumidores en materia de adquisición y alquiler, potenciar la formación profesional y una ley de ordenación de las enseñanzas de formación profesional.

También anhela potenciar el sistema universitario, una nueva Ley Orgánica de Universidades, reforzar el sistema de becas y ayudas al estudio, apoyar a las empresas más innovadoras de base tecnológica, crear una ley de startups, equilibrar el poder de proveedores y usuarios en los servicios bancarios con una nueva ley de protección del cliente financiero, y combatir el fraude fiscal con una ley que intensifique las medidas de prevención y combata la elusión de impuestos.

Sánchez se compromete a su vez a promover el libre ejercicio del derecho a la expresión y reunión pacífica, sustituir el enfoque represivo e incriminador de la denominada 'Ley Mordaza' por una nueva ley de seguridad ciudadana, intensificar la “lucha sin cuartel” contra la corrupción, proteger a testigos informadores y denunciantes dentro de la ley integral de lucha contra la corrupción, aprobar una ley de movilidad sostenible, crear una ley contra la discriminación de las personas LGTBI que prohíba las “terapias de reversión” y asegurar el trato digno a todos los animales a través de una nueva ley que proteja su bienestar.