Así lo aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, en la que se anunció la aprobación de un real decreto ley para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades autónomas en 2019, transfiriéndoles 4.682 millones de euros, y para las entidades locales, a quienes corresponden 821 millones.

Montero destacó que la decisión supone un “hito” al ser la primera vez que las entregas a cuenta se actualizan con un Gobierno en funciones y con los Presupuestos prorrogados. En este sentido, la ministra indicó que la medida refuerza el papel político y económico de las comunidades autónomas, al dejar de estar supeditadas a que haya un Gobierno central con plena capacidad o unos Presupuestos Generales del Estado aprobados.

Esta decisión contrasta con lo defendido por Hacienda a finales de agosto, cuando señaló que un informe de la Abogacía del Estado dictaba que un Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas a cuenta. Para ello, la Abogacía del Estado argumentaba, por un lado, que la actualización de las entregas a cuenta se realiza en base a las previsiones de ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, habiendo sido rechazado el proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019 y estar prorrogadas las cuentas de 2018.

Además, el criterio expresado entonces por la Abogacía del Estado añadía que, al margen de que un Gobierno en funciones no pueda aprobar unos Presupuestos, tampoco puede ejecutar medidas que supongan nuevas directrices u orientaciones políticas, y que, por tanto, la actualización de las entregas a cuenta excede a las competencias de un gobierno interino.

EXPLICACIONES

Sobre este punto, este viernes Montero explicó que entonces había expectativa de que se formase un nuevo Gobierno al que habría afectado la actualización de las entregas a cuenta, mientras que ahora, al estar ya agotada la legislatura y existir una convocatoria electoral para el 10 de noviembre, la actualización de las entregas ya no afectará. Concretamente, Montero apuntó que la formación del nuevo Ejecutivo tras el 10-N no se producirá en menos de 40 días, por lo que el nuevo gabinete ya no podría tomar decisiones sobre las cuentas de 2019.

Asimismo, la titular de Hacienda subrayó la urgente necesidad de aprobar la medida ya que, de no hacerlo, algunas comunidades autónomas como Murcia y Comunidad Valenciana habrían tenido en noviembre problemas de Tesorería, mientras que el resto los habrían padecido en diciembre.

Así, al ser preguntada por las informaciones que señalan un conflicto dentro de la Abogacía del Estado y que los abogados del Estado se habrían negado a firmar el nuevo informe, la ministra en funciones aseguró que para la aprobación de esta medida Hacienda ha seguido el mismo procedimiento que en agosto y negó la existencia de discrepancias. En esta línea, Montero quiso “romper una lanza” en favor del colectivo de profesionales de la Abogacía del Estado, defendiendo su “prestigio” ante las críticas de partidos de la oposición, como PP y Ciudadanos, que “ponen en duda su profesionalidad cuando no les gustan sus informes”.

Las entregas a cuenta son los recursos que el Gobierno central debe transferir cada año a las comunidades autónomas en base a las previsiones de ingresos incluidas en los Presupuestos Generales del Estado. Según lo explicado por Montero en los últimos meses, de no actualizarlas, las comunidades autónomas se habrían encontrado en diciembre con problemas de tesorería para pagar sus gastos, ya que los gobiernos autonómicos elaboraron sus presupuestos contando con la actualización y, con ello, con más recursos de los que en realidad iban a recibir.

Para la ministra en funciones esta decisión de actualizar ahora las entregas a cuenta no supone ningún cambio de criterio y destacó que la medida “muestra el camino para que en el futuro las comunidades autónomas no puedan ser víctimas de un bloqueo institucional”. Además, señaló la necesidad de que la futura reforma del sistema de financiación autonómica modifique esta cuestión para que la actualización de las entregas a cuenta no dependa de los Presupuestos Generales del Estado ni de si existe o no un Gobierno central a pleno rendimiento.

Con la actualización de las entregas a cuenta de 2019, éstas alcanzarán un importe total de 102.800 millones de euros en el caso de las comunidades autónomas, un 7,15% más que en 2018 y la cifra más alta de la serie histórica, según resaltó Montero, y 18.879 millones en el caso de las entidades locales, un 4,6% más.