Así se expresa Ribera en un artículo publicado hoy en ‘La voz de Galicia’, donde analiza el impacto de la decisión de Endesa de cerrar todas sus plantas de carbón en 2020 por la falta de viabilidad económica de las mismas, incluso de aquéllas en las que había acometido grandes inversiones para poder seguir funcionando hasta 2025.

A este respecto, explica que los cálculos previos de Endesa estimaban un precio del CO2 en torno a 8 euros la tonelada en el 2020 y un aumento progresivo hasta llegar a 25 euros en el 2030. “Lamentablemente, esta estimación se hizo ignorando la reforma europea que daba estabilidad a los precios del CO2 desde el 1 de enero del 2019”, señala la ministra.

En esta línea, indica que dicha reforma trataba de mantener un corredor de precios entre 25 y 30 euros desde principios de este año, “como así ha sido y que explica los anuncios de cierre en Reino Unido, quedando abiertas solo plantas en Alemania, Polonia y Chequia, con una estructura distinta y carbón autóctono de alto poder calorífico”.

Por otro lado, destaca que La noticia de estos cierres coincide con el precio de la electricidad más bajo en España en los últimos 9 años para un mes de septiembre, encadenando varios meses consecutivos de caída. “Bueno para la industria y los consumidores. Malo para el carbón, que es ya la energía más cara del sistema eléctrico”, añade.

En cuanto a la decisión de endesa, denuncia que “ha generado alarma tanto en el Gobierno como entre los trabajadores y vecinos, y en las administraciones locales y autonómicas. Tal y como reflejaba el Plan de Energía y Clima preparado por el Gobierno, no contábamos con ello. Más allá de razones ambientales, económicas o energéticas, el anuncio nos obliga a afrontar un horizonte incierto, no esperado, que hace imprescindible actuar con prudencia y determinación”.

Así, la ministra asegura que se van a evaluar escenarios con respecto al futuro de las centrales pero que también se va a activar desde “hoy mismo” un programa de medidas que anticipen la generación de oportunidades económicas e industriales en la zona.

“Desde el Gobierno, hemos querido activar el enfoque con el que comenzamos a abordar la transición justa en otros municipios en los que se sabía con antelación qué minas o térmicas iban a cerrar. Es más fácil cuando se anticipa con suficiente antelación que cuando se espera hasta el último minuto”, prosigue Ribera.

Por último, destaca que” hay una opción prometedora, cuya viabilidad y alcance nos hemos comprometido a explorar y apoyar desde el Ejecutivo: la transformación de la térmica de As Pontes en una planta de biomasa compatible con las dimensiones cuantitativas que sean respetuosas con la biodiversidad y la sostenibilidad de la zona.”

Sin embargo, advierte de que “esto no basta. En paralelo, hay que identificar todas las demás actividades que permitan generar un ecosistema industrial para asegurar que cualquier vecino que quiera vivir y trabajar en la comarca pueda hacerlo. La térmica durará más o menos, pero una respuesta responsable obliga a ir construyendo otras opciones”.