Estas ayudas, que irán a parar a entidades con fines sociales como ONG, cuentan con 12,4 millones más que el año pasado, según destacó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, tras acordar con los consejeros del ramo el reparto de lo recaudado por la ‘X Solidaria’ en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Estos fondos se reparten entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, que gestionan y conceden en torno al 80% de las ayudas procedentes de lo recaudado el año pasado por el 0,7% del IRPF, lo que se conoce como la ‘X Solidaria’.

Anteriormente a 2017, el Gobierno gestionaba en su totalidad estas ayudas, pero una sentencia del Tribunal Constitucional -tras un recurso de la Generalitat de Cataluña- provocó que buena parte del reparto pasara a ser competencia de las comunidades autónomas, que actualmente gestionan en torno a ocho de cada diez euros que se reparten.

La comunidad autónoma que más dinero repartirá es Andalucía, que gestionará 45,6 millones de los 214,5 que corresponden a las autonomías. Le siguen Cataluña, con 31,5 millones, y Madrid, con 26,5 millones. Este reparto ha contado con la “unanimidad” de los consejeros, según la secretaria de Estado, que ha presidido la reunión ante la ausencia de la ministra María Luisa Carcedo, que se encuentra en Lyon con motivo de la Conferencia de Reposición del Fondo Global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

PLAN DE ALZHÉIMER

Asimismo, el Gobierno y las autonomías aprobaron definitivamente el Plan Nacional de Alzhéimer, que recoge “objetivos y medidas para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y atención a afectados y cuidadores”, según Ana Lima.

El pasado mes de abril, la ministra Carcedo ya informó al Consejo de Ministros del Plan Nacional de Alzheimer y, desde entonces, se han sucedido las reuniones bilaterales entre la Secretaría de Estado para avanzar en un documento, que ha recibido aportaciones de los sectores implicados.

Según informó el Ministerio, el plan establece cuatro ejes de actuación. En primera lugar, la investigación sobre factores determinantes de la enfermedad; en segundo, el desarrollo de políticas de promoción de la salud, avance en el diagnóstico precoz y elección de los tratamientos más adecuados.

En tercer lugar se establece un eje de mejora de los servicios, apoyos y prestaciones para avanzar en la atención a las personas en distintos ámbitos. Por último, se pone el foco en trabajar en la sensibilización de la opinión sobre la mejora de las actitudes en el entorno con el propósito de cambiar la visión que la sociedad tiene del Alzheimer.

“Se pone el foco en medidas para investigación no sólo en la parte sanitaria, sino también para contemplar el aspecto social de la enfermedad y cómo afecta a su entorno, familias y cuidadores”, destacó Lima.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Otro de los puntos que ha aprobado el Consejo Territorial es el nuevo modelo de contrato para la adopción internacional de menores al que obligaba un real decreto aprobado el 22 de marzo por el Consejo de Ministros. Con este modelo, cada familia acogedora tendrá una “estimación básica del coste total del expediente”, según informó el Ministerio. Asimismo, se acordó el levantamiento de la suspensión de la tramitación de adopciones de niños sin necesidades especiales en Vietnam.

También se aprobaron medidas para unificar criterios de cada al acogimiento familiar y residencial, estableciendo un marco común en los estándares de calidad en programas de estancias temporales de personas extranjeras menores de edad.

BREXIT

Por último, el Gobierno y las autonomías coincidieron en constituir un grupo de trabajo para prepararse de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y ante las posibles repercusiones que esto pudiera traer en la recepción de ayudas sociales para residentes británicos en España.

Según la secretaria de Estado, los servicios sociales y ayudas “se vinculan a tener permiso de residencia” y no a la nacionalidad comunitaria, por lo que en principio “no afectaría”. No obstante, los consejeros y la secretaria de Estado acordaron este grupo de trabajo porque “no se puede garantizar nada”, dada la “incertidumbre” con la que se vive el ‘Brexit’, programado para octubre.