Según informa la comisión, a su entender el marco reglamentario ferroviario en España incumple una serie de disposiciones de la directiva, relativas, entre otras cosas, a las funciones y los recursos del organismo regulador.

También cuestiona la independencia de gestión del administrador de infraestructuras (especialmente en lo que respecta a los cánones de las infraestructuras y los mecanismos de financiación del Estado) y la gestión de las empresas ferroviarias con arreglo a principios comerciales.

Como consecuencia, España dispone de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión; de no hacerlo, Bruselas podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.