Por ello, Amnistía exigió que Malasia empiece a "cumplir LA promesa de abolir la pena de muerte en su legislación futura, poniendo fin a su uso para delitos relacionados con drogas y eliminando la pena de muerte preceptiva".

Bajo el título 'Defectos fatales: Por qué Malasia debe abolir la pena de muerte, un informe publicado hoy pone de manifIesto el uso de la tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”, la falta de acceso a asistencia letrada, el opaco sistema de indultos y otras violaciones graves del derecho a un juicio justo.

Además, el informe revela que el 73% de las personas en espera de ejecución —930— han sido condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas, en contra de la legislación internacional de los derechos humanos.

Según Darshni Kaliemuthu, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el país, “Malasia tiene una oportunidad de oro para romper con décadas de crueldad e injusticia, infligidas de manera desproporcionada a algunas de las personas más marginadas”.

La investigación revela "un patrón de juicios injustos y ahorcamientos secretos que habla por sí solo". "Desde denuncias de tortura y otros malos tratos hasta un proceso de indultos opaco, es evidente que la pena de muerte representa una mancha en el sistema de justicia penal malasio", criticó la activista.

OBLIGADOS A CONDENAR

Por otro lado, Amnistía subraya que la pena de muerte sigue actualmente en vigor para castigar 33 delitos en Malasia y que es preceptiva para 12 de ellos. En los últimos años, se ha usado principalmente en condenas por asesinato y tráfico de drogas.

Hace un año, el gobierno recién elegido de Malasia anunció que revocaría la pena de muerte para todos los delitos, después de la suspensión de las ejecuciones que ya había declarado en julio de 2018. Sin embargo, en una sesión parlamentaria que comienza este mes, tiene previsto presentar una legislación que eliminaría únicamente la pena de muerte preceptiva, y sólo para 11 delitos, lo que dista mucho de la abolición absoluta.

Por ello, Amnistía Internacional pidió a las autoridades mantener la suspensión de las ejecuciones hasta que la pena de muerte haya sido completamente abolida. Además, instó a utilizar la legislación anunciada para revocar la pena de muerte preceptiva para todos los delitos, incluido el tráfico de drogas.

Según el derecho internacional, los países que aún no hayan abolido la pena de muerte deben limitar su uso a “los más graves delitos”, como el asesinato.

Los casos de muchas mujeres condenadas a muerte "ilustran los efectos demoledores de la draconiana legislación antidrogas de Malasia" combinada con la pena de muerte preceptiva, explica el informe de Amnistía. Casi 9 de cada 10 mujeres en espera de ejecución son extranjeras condenadas por tráfico de drogas. En algunos casos, las mujeres contaron que tenían problemas económicos o que habían sido coaccionadas para transportar la droga. Sin embargo, la pena de muerte preceptiva implica que los jueces no tienen oportunidad de tomar en consideración estas circunstancias.

JUICIOS INJUSTOS

Abogados y familiares contaron a Amnistía que era habitual que los acusados que no pueden costearse la asistencia letrada continúen sin ella hasta que se presentan los cargos ante un tribunal. Asimismo, describieron un sistema de asistencia jurídica gratuita falto de recursos, que deja a muchas personas acusadas sin asistencia letrada durante largos periodos, a menudo hasta el comienzo mismo del juicio.

Las personas sospechosas de delitos penados con la muerte pueden permanecer hasta 14 días en detención, y, según personas entrevistadas por Amnistía Internacional, es habitual que se inflijan “palizas” a los acusados para obtener “confesiones”. De las 1.281 personas condenadas a muerte que había en Malasia en febrero de 2019, 568 (el 44%) eran extranjeros, que encuentran graves obstáculos para acceder a asistencia consular y servicios de interpretación.

Se conocen casos de condenados que firaron confesiones en malayo cuando no conocían el idioma.

Amnistía Internacional ha descubierto también que el número de personas condenadas a muerte pertenecientes a ciertas minorías étnicas de Malasia es desproporcionado, y los datos examinados por la organización apuntan a un gran porcentaje de personas procedentes de entornos desfavorecidos.