El Cermi, que es mecanismo independiente en el Estado español para el seguimiento de la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha respondido a un cuestionario de la ONU sobre exclusión social con el fin de trasladar la última información disponible sobre discapacidad y pobreza en España.

El relator efectuará una visita oficial a España, invitado por el propio Gobierno, para conocer la situación de la pobreza y los derechos humanos. Ante esta cita, Alston está recabando información de diferentes sectores para conocer mejor la situación del Estado español.

La plataforma representativa de la discapacidad en España destaca que, según el ‘Informe sobre el estado de la pobreza: Seguimiento del indicador AROPE de riesgo de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017’, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 31,5% de las personas con discapacidad están en riesgo de exclusión, frente al 24,4% de las personas sin discapacidad.

Entre los factores que intervienen en este mayor riesgo de pobreza y/o exclusión, el informe apunta a la dificultad para el acceso al mercado de trabajo y la carga económica que supone la discapacidad. Además, el trabajo alerta también de la mayor privación material que soportan las personas con discapacidad en España, si bien precisa que la tasa de pobreza severa es algo inferior a la de las personas sin discapacidad.

Por otro lado, el Cermi recuerda que el informe ‘Discapacidad: la exclusión social no es solo cosa de pobres para el VIII Informe Foessa’ cifra en el 30% la tasa de exclusión de las personas con discapacidad y estima que, cuantitativamente, la pobreza relativa afecta a unas 735.000 personas con discapacidad en España y que el 15% de los hogares de personas con discapacidad están formados por personas sin ocupación y sin protección contributiva (ocho puntos más que en el resto de la población).

Asimismo, alerta de que casi el 40% de las personas con discapacidad están excluidas de bienes o de procesos relacionados con la salud. Así, el 17% de las personas con discapacidad no pueden comprar medicamentos, y el 28% de ellas viven en hogares en los que todos sus miembros tienen limitaciones para actividades relacionadas con la vida diaria.

Para el Cermi, “estas cifras ponen de relieve que perviven los efectos de las políticas de austeridad y que las personas con discapacidad sufren en mayor medida este tipo de vaivenes”.

Por último, el Cermi recoge también las principales conclusiones del ‘Informe Olivenza 2018’ sobre la situación general de la discapacidad en España, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Este trabajo establece que las personas con discapacidad alcanzan, en líneas generales, un 24,37% menos de inclusión. Los indicadores en los que existe una mayor brecha entre las personas con y sin discapacidad es en el de población sin equipamiento básico, en el de población activa y en el de población parada.

Desde la perspectiva de género, las mujeres con discapacidad presentan resultados de mayor exclusión social en el indicador relacionado con el salario medio, que es casi 6.000 euros anuales inferior a la población sin discapacidad, una diferencia mayor que la que soportan los hombres con discapacidad.