La sentencia, que ratifica una anterior del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, aduce que “pretende la apelante que se recorte el derecho a la información precisamente sobre aspectos básicos respecto a los que la Ley de Transparencia persigue garantizar el público conocimiento: el manejo de fondos públicos y la justificación de los gastos realizados. Esta información económica debe hacerse pública”, según informó este lunes el Consejo de Transparencia.

También recoge en su fallo que “puestos en la balanza el derecho a la información y el interés de quien voluntariamente decide contratar con un ente público, debe primar la protección del primero”.

En relación al argumento esgrimido por la productora de que proporcionar la información sobre el contrato de compraventa afectaba a sus intereses económicos y comerciales establece la sentencia que la ley de transparencia impone un deber de hacer públicos todos los contratos y recuerda que la Corporación RTVE se nutre de los Presupuestos Generales del Estado.

Otra cuestión que alegaba Vídeo Mercury Films es que la solicitud de información realizada por el ciudadano tiene un carácter abusivo y que solo busca el beneficio personal generando un perjuicio para entidades y personas afectas. Señala la sentencia que esta petición de información “trata de conocer el dinero público gastado en la adquisición de determinadas películas y si el gasto estaba justificado, lo que entra dentro de los objetivos de la ley de transparencia”.

La Audiencia Nacional concluye que el acceso a la información sobre la compra de películas “es esencial para garantizar la transparencia de la actividad desarrollada por la CRTVE”.