Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó este viernes dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional sobre dos aspectos de una resolución que aprobó el Parlamento de Cataluña el pasado mes de julio.

Esta resolución incluiría dos apartados que incumplen sentencias previas del TC, los referidos a al Rey y en el que se ratifica el derecho de autodeterminación como acceso a la soberanía del pueblo catalán. Según el Ejecutivo, estos apartados contravienen las sentencias del Tribunal Constitucional 259/2015 y 136/2018, así como la reciente 98/2019, por lo que se solicita la declaración de nulidad y su inmediata suspensión.

Así lo avanzó la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa que ofreció al término de la reunión de Gabinete que lidera Pedro Sánchez. Más detalles sobre este mecanismo que utiliza por primera vez el Ejecutivo, los ofreció el ministro Luis Planas porque es el Departamento de Política Territorial el que los eleva al TC. Planas señaló que esta vía es “especialmente importante porque evita tener que plantear un nuevo recurso sobre el cual ya haya sentado doctrina” el TC. Justificó que el Gobierno vea ahora el “momento oportuno” para presentar esta solicitud a un hecho ocurrido en julio porque “no hay ningún plazo” para hacerlo.

AVISO A LA MESA

El también titular de Agricultura en funciones manifestó que el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y el resto de miembros de la Mesa que autorizaron la tramitación de esas iniciativas parlamentarias contrarias a la Constitución tienen que ser conscientes de que no pueden “ignorar o eludir” las sentencias y les advirtió de las consecuencias penales de esa acción.

Con esta decisión, se deja entrever el mismo camino que seguirán varias de las últimas resoluciones aprobadas esta misma semana por la Cámara catalana y sobre las que el Ejecutivo está esperando a su publicación en el boletín oficial para iniciar su impugnación constitucional. Este hecho se produjo en el momento de la rueda de prensa, a lo que Planas señaló que ahora estudiarán el contenido oficial de las mismas y el mecanismo a elegir, ya que caben dos posibilidades: o recurrir ante el TC, previo informe del Consejo de Estado, o reclamar incidente de ejecución en el caso de la resolución de julio. La decisión, avanzó, se adoptará en el próximo Consejo de Ministros.

ADVERTENCIA A TORRA

Por otro lado, la portavoz del Gobierno en funciones indicó que la “la Generalitat es la única que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad”. Celaá avisó de que el Ejecutivo “no necesita nada” para poner en marcha su respuesta si se producen hechos en los que haya inseguridad o excepcionalidad.

Señaló que, sin necesidad de elaborar “informes específicos, el Gobierno dispone de todos los mecanismos que le aporta la Constitución y la ley, de los que hará uso” si es preciso. Pero “no estamos en el mismo escenario” que en 2017 cuando se aplicó el 155 por la Declaración Unilateral de Independencia que aprobó el Parlament.

No obstante, igual que hace repetidamente el presidente Pedro Sánchez, Celaá advirtió de que solo se aplicará si “alguien abre la puerta de la excepcionalidad”. Así, dijo que las declaraciones quedan dentro de la libertad de expresión

“Lo que el Estado, el Gobierno y España quiere, es que no la abra, que continúe en esa legalidad”, remachó la portavoz.

GOBIERNO ACTIVO

Sin embargo, Celaá centró su intervención en dejar "una cosa clara: el Gobierno está en funciones, no es ni mucho menos un Gobierno disfuncional". “Los mecanismos constitucionales y las leyes nos habilitan para afrontar todos los retos, lo contrario sería incomprensible”.

Entre esos “desafíos” citó la Economía, el 'Brexit' y la respuesta a la sentencia del ‘procès’, y una “receta de sentido común, confianza y determinación” para hacerles frente.

Así recordó que el artículo 21.3 de la Ley de Gobierno que establece “en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

Ante lo que puede o no hacer el Ejecutivo, la portavoz explicó que “el interés general y la urgencia justifica la acción del Gobierno”. Por eso, señaló, “el Gobierno está en las emergencias, en el 'Brexit', y con firmeza y proporcionalidad atenderá a la sentencia del procès”, porque, “el Gobierno es de todos y para todo”.