Cándido Méndez hizo estas declaraciones en la jornada "Análisis e investigación sobre los riesgos psicosociales", organizada por UGT.

Allí consideró que el Gobierno, "en las explicaciones de lo que pretende hacer en materia de pensiones, está reconociendo explícitamente que pretende imponer la edad obligatoria de jubilación a los 67 años, lo que, en situación a la relación actual, supone un recorte".

"El Gobierno toma estas medidas por el empuje de los mercados, aunque diga lo contrario, porque la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo era igual antes de febrero que después", dijo.

A su juicio, "el Gobierno ha dado un giro copernicano en su discurso, y su objetivo no es tanto la sostenibilidad de las pensiones como recortarlas para tranquilizar a los mercados financieros", añadió.

En este sentido, manifestó que, "hasta el día de hoy, en el Parlamento ha cosechado una fuerte discrepancia, por lo que lo razonable sería rectificar la posición y volver al espíritu del Pacto de Toledo, siguiendo el camino ya trazado de cinco acuerdos en materia de pensiones. Éste no es el camino, y el Gobierno debería cambiar el rumbo", dijo.

"SINIESTRALIDAD SILENCIADA"

Por otro lado, Méndez indicó que "los riesgos psicosociales cada vez son más conocidos, no son emergentes, por lo que se les podría considerar como una 'siniestralidad silenciada'".

El secretario general de UGT juzgó "significativos" algunos datos de la encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes, como el hecho de que "el 85% de las empresas españolas reconoce que toman determinaciones en materia de prevención de riesgos laborales por obligación jurídica, o que la externalización de los mecanismos de evaluación de riesgos en España es del 67%, mientras que en Dinamarca es, por ejemplo, del 5%".

En su opinión, esto significa que las empresas españolas consideran, cada vez más, la prevención de riesgos como un costo, y no se incorpora al núcleo interno de las mismas. "Hasta que esto no suceda, las empresas de nuestro país tendrán muchas deficiencias a nivel de productividad, competitividad, etcétera, agregó.

Finalmente, Méndez recordó que "si interpolamos los datos de la Unión Europea, podríamos llegar a la conclusión de que, en nuestro país, los costos que provocan las enfermedades derivadas del trabajo están entre 25.000 y 40.000 millones de euros, algo que no ocurriría si en vez de recortar el gasto, como siempre se quiere hacer, erradicásemos la causa".