En declaraciones a Servimedia, la presidenta de la primera organización, Ana María Pérez del Campo, confirmó que “ya hemos pedido” el encuentro”, y se mostró confiada en obtener una respuesta positiva por parte del Ejecutivo. “Sé que Leire Pajín es una ministra comprometida y que dará la cara ante el problema”, señaló.

Por su parte, la presidenta de Themis, Ángela Cerrillo, aseguró que las entidades más representativas del sector ya mantienen contactos y que se reunirán para fijar una posición común.

“Queremos ver qué medidas podemos poner en marcha y qué le tenemos que solicitar al Ministerio”, explicó, y apostó por “una acción conjunta” de todas las asociaciones del sector y los poderes públicos.

Debemos estudiar serenamente qué está pasando para ver cómo podemos ser más eficaces”, puntualizó.

Las dos portavoces coincidieron en señalar la “cicatería” a la hora de conceder las medidas de protección como uno de los principales fallos del sistema. Según Cerrillo, “hace falta más actividad por parte de los juzgados” y que las órdenes de protección se den de forma menos cicatera”.

Como ejemplo puso el caso de la última muerte ocurrida en Ciudad Real, donde la mujer fue asesinada tras habérsele denegado las medidas de protección, algo que para Pérez del Campo es “consecuencia de la insidiosa campaña que algunos sectores han puesto en marcha diciendo que las mujeres mienten”.

“El resultado es que se les niega un elemento tan esencial como es la orden de protección”, apuntó, y agregó que de esta manera se incurre en un mal funcionamiento de la Ley Integral, que como primer paso contempla medidas de protección.

Es fundamental conceder estas órdenes protección, insistió Pérez del Campo, para quien “la responsabilidad del crimen la tiene el que lo comete, pero la sociedad en su conjunto tampoco está exenta”.

Por último, dijo que en 2010 han muerto 74 mujeres muertas víctimas de violencia de género, seis niños han sido asesinados y unos han quedado 48 huérfanos.