Según fuentes jurídicas, los defensores de los imputados solicitan la apertura de una pieza separada para investigar e identificar el origen de las filtraciones y quieren que el juez ordene a los medios que han publicado datos que eliminen los enlaces sobre esta causa secreta con el fin de preservar la intimidad de los investigados.

Los letrados creen que esta “masiva” filtración de detalles de la investigación puede afectar a la “seguridad” de sus defendidos, ya que se ha filtrado detalles como su edad, la composición de sus familias y los municipios donde residen. Igualmente insisten en afirmar que perjudican tanto el derecho de defensa como el de presunción de inocencia, por lo que solicitan medias para impedir que se sigan desvelando datos.

Las defensas recuerdan en su escrito que sólo los fiscales y el juez conocen en su totalidad el sumario y que las filtraciones a los medios de comunicación pueden ser constitutivas de un delito de revelación de secretos.

Los siete miembros de los CDR fueron detenidos el pasado 23 de septiembre. Desde entonces se ha sabido que todos ellos viven en El Vallés, que tienen entre 40 y 50 años y casi todos son padres de familia, así como detalles de los autos de prisión. Además, se desveló la celebración de una supuesta reunión secreta con la hermana del expresidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont para “establecer comunicaciones seguras" entre el mandatario huido y su sucesor, Quim Torra.