Así lo anunció este lunes en la Comisión de Trabajo e Inmigración el ministro del área, Valeriano Gómez, quien añadió que por “carreras largas” el Ejecutivo entiende aquellas con “38, 39 ó 40 años de cotización”.

Éste sería uno de los factores a los que se refiere el Gobierno cuando habla de que el retraso de la jubilación a los 67 años sea “flexible”. También se incluyen aquellos trabajadores de los sectores más penosos que tienen una esperanza de vida reducida.

Además, el ministro señaló que los trabajadores podrán jubilarse a los 65 años si así lo desean pero sufrirán un recorte en la cuantía de la pensión, igual que ocurre en la actualidad con las jubilaciones anticipadas.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si el Ejecutivo baraja la posibilidad de que el retraso de la jubilación sea más allá de los 67 años, Gómez afirmó que “no sería necesario”.

Sobre la amenaza de los sindicatos con convocar una nueva huelga general, el ministro declaró que el Gobierno pretende aprobar la reforma el próximo 28 de enero y que, hasta ese momento, “continuará con la negociación con los agentes sociales”. “Agotaremos hasta el máximo las posibilidades de negociación”, dijo.

Sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, no detalló sobre si la reforma lo aumentará hasta los 20 o hasta los 25 años, pero reiteró que esta elevación “hay que hacerla progresivamente”.

En este sentido, afirmó que “no hay que renunciar a que idealmente recoja toda la vida laboral”.

Por otro lado, Gómez aseveró que el Gobierno hará "el máximo esfuerzo posible" para que el retraso de la edad legal de jubilación sea "compatible" con las recomendaciones de la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo.

En su intervención en la Comisión del Senado, el ministro aseguró que "en lo sustancial" las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo "coinciden con el planteamiento del Gobierno".

Sin embargo, añadió que "sólo persiste una importante discrepancia", que es el retraso de la edad legal de jubilación. En este punto, los grupos parlamentarios acordaron introducir en los acuerdos del Pacto de Toledo una coletilla que recoja la falta de consenso.

De esta forma, el ministro afirmó que el Ejecutivo va a realizar el mayor esfuerzo posible "para hacer compatible la propuesta del Gobierno de elevar la cidada edad con las posiciones defendidas por los distintos grupos".

El objetivo del Ejecutivo sigue siendo que cuando presente el próximo 28 de enero el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, éste cuente con "un amplio apoyo parlamentario".

El responsable de Trabajo reiteró que el objetivo principal del Gobierno es ampliar la vida laboral de los trabajadores para reforzar la sostenibilidad del sistema ante la previsión de que en el año 2050 se duplique la población con más de 65 años.

Para ello, considera que la fórmula "más efectiva" para prolongar la vida activa es "el retraso de la edad ordinaria de jubilación", que tiene un mayor impacto que la mejora de los incentivos para que los trabajadores sigan ocupados más allá de los 65 años.

Por otro lado, subrayó que el Ejecutivo tiene "intención" de culminar el proceso de integración de los regímenes de empleadas del hogar y de trabajadores agrarios por cuenta ajena de la Seguridad Social en el Régimen General.

También tiene previsto cerrar la regulación del régimen jurídico y del procedimiento general para establecer coeficientes reductores en la edad de jubilación.