Lo hizo la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en la rueda de prensa de Moncloa posterior al Consejo de Ministro, en la que rechazó “de plano” las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las que acusa al Estado “de querer criminalizar” a los que piensan de manera “diferente”, tras las detenciones de los miembros de los CDR acusados de tenencia de explosivos y estar dispuestos a cometer actos violentos,

Celaá lanzó el mensaje que de aplicará la Carta Magna “si fuera necesario porque “este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut ni a la Constitución”. “La Constitución es y será nuestra herramienta común para el dialogo, pero también lo será, si fuera necesario, para la defensa de nuestros valores y de nuestro sistema contra aquellos que quieran vulnerarlo”, avisó Celaá.

La portavoz señaló que el Ejecutivo ha tomado la decisión de impugnar hasta tres resoluciones aprobadas por el Parlamento catalán porque son una “clara extralimitación” y un “ataque a la convivencia” en Cataluña.

Las resoluciones que estudia el Gobierno –pero sobre las que no actuará hasta que estén publicadas dentro de unos días en el boletín oficial de las cortes catalanas- son las referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O; la que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total; así como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña.

Estas resoluciones recibieron el apoyo de ERC, Junts y la CUP, como recordó Celaá marcando distancias con estas formaciones. Su impugnación, para la que también se pedirá el informe preceptivo del Consejo de Estado, se producirá ante el Tribunal Constitucional.

“Nuestra propuesta siempre es convivencia, respeto y diálogo dentro de la Constitución. Convivencia frente a la crispación, y aplicación de la ley frente a quienes quieran recorrer el camino del desorden o posible violencia”, remachó.

CALENTAR LA CALLE

En el Ejecutivo lamentan que cuando el ánimo de apostar por la unilateralidad estaba en la calle a un nivel bajo, las fuerzas políticas independentistas hayan optado por aprobar esas iniciativas –que no tienen rango de ley- para insuflar el ánimo a las bases ante la próxima sentencia del 1-O.

En este sentido, remarcan que las resoluciones aprobadas en la Cámara catalana no tienen rango de ley sino que son meras declaraciones y de ahí que estén los servicios jurídicos estudiando su impugnación ante el Constitucional, pero que el Gobierno no ve motivos para ir a mayores.

No obstante, Celaá subrayó que “si se dieran las circunstancias para la aplicación del 155, el Gobierno lo haría, pero no se dan” porque no ven que se haya vulnerado la Constitución. “Debemos ir al paso, no extralimitar ni las situaciones ni las respuestas”, reflexionó.

INTERES ELECTORAL

Por ello, que “no desorbitemos” ni “mezclemos” cuestiones porque “hay intereses electoralistas que se ponen encima de la mesa” y el Estado de Derecho ya tiene “herramientas suficientes” para abordar esta situación, que “no es deseable” pero ante la que se puede, a su juicio, buscar “cauces acordes al tratamiento de la situación”.

Así las cosas, la portavoz del Ejecutivo en funciones acusó de “electoralismo” algunas de las medidas que se ponen encima de la mesa y reclamó a “todos” que tengan una “actitud de Estado” ante una situación de posible comisión de delitos violentos por causa ideológica.

APOYO A LA GUARDIA CIVIL

Desde el Ejecutivo también se dirigieron a Torra porque “se esperan actitudes mucho más claras de quienes ostentan esa responsabilidad". “Le pedimos una vez más que deje claro su respeto a las leyes de la democracia y a los principios del Estado de Derecho, uno de cuyos fundamentos básicos es la separación de poderes", aludiendo a sus palabras sobre la operación de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional que llevó a prisión a siete miembros de los CDR acusados de terrorismo.

En este sentido, la portavoz puso en valor el trabajo “discreto” y “digno de respeto” de la Benemérita y subrayó el “respaldo” hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Nuestro respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil en este caso específicamente, que lleva años haciendo un trabajo importantísimo en Cataluña para preservar la seguridad de todos. Está más que garantizada su estancia en Cataluña y la Guardia Civil, junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también los Mossos, “están llevando adelante una profunda coordinación, y una importantísima coordinación para seguir salvaguardando la seguridad de todos, ante posibles eventualidades que no esperamos que se susciten, ante la cantidad de prevención que va a haber, y en eso se está”, apuntó.