Concretamente, Ecologistas en Acción ha presentado la demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid y en breve lo hará Greenpeace en el número 7, según informaron ambas organizaciones, que son miembros de la Plataforma en Defensa de Madrid Central.

El procedimiento continúa pese a que un juez dictaminó en una decisión cautelar el pasado julio que el sistema de multas debía seguir operativo en la zona de bajas emisiones conocida como Madrid Central.

Ambas organizaciones alegan que la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de paralizar las multas supone "una burla al ordenamiento jurídico" al achacarlo a una auditoría de unos problemas técnicos del sistema automatizado de control de accesos. "En realidad, encubría una promesa electoral de varios de los grupos políticos que se aliaron paa gobernar el Ayuntamiento", apuntan.

Ecologistas en Acción y Greenpeace subrayan que el nuevo periodo de preaviso que planteaba Martínez-Almeida pretendía ampararse en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, de manera que olvidaba "intencionadamente que ésta preveía dicho periodo de preaviso antes de poner en marcha Madrid Central, nunca después de hacerlo".

Además, recalcan que la suspensión de las multas provocaba también una regresión del nivel de protección de la salud humana y la calidad ambiental de la ciudad de Madrid, lo que resulta "nítidamente incompatible" con la doctrina del Tribunal Supremo, que consagra el principio de no regresión ambiental.

Indican que la medida también suponía "una violación de los derechos humanos, puestos en relación con el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado de las personas que viven en Madrid", de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por último, las organizaciones advirtieron de que, ante la inminente presentación de 200 medidas contra la contaminación en la capital, permanecerán "vigilantes" para que el Ayuntamiento de Madrid garantice el "cumplimiento estricto de la normativa de calidad del aire y el derecho de la ciudadanía a respirar aire limpio".