Así lo aseguró durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Asamblea Permanente, que ha citado estos días a los obispos en Madrid. En la próxima reunión de la Plenaria, del 18 al 22 de noviembre, los prelados españoles tendrán que estudiar y votar el borrador del Decreto General sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables para actualizar los protocolos en los casos de abusos a menores por miembros de la Iglesia.

La CEE, explicó Argüello, espera que en este tiempo llegue ya el vademécum del Vaticano con las orientaciones pertinentes sobre el tema, y en el que trabaja la Santa Sede después de que el Papa convocase en Roma el pasado febrero una gran cumbre sobre la protección de los menores.

De momento, la Iglesia española trabaja con “orientaciones” que “ya están sirviendo de criterio a los obispos, aunque no se trata de algo normativo”. “En el decreto general se prevé la obligación de establecer oficinas para recoger las denuncias y por supuesto que cualquier persona que conozca la realización de delito tiene la obligación de denunciarlo”, expuso.