Detrás de este acoso están los grupos ultracatólicos, que amenazan a partir de hoy con una “vigilia” de 40 días para intensificar sus acciones en contra de las clínicas abortivas y de las mujeres que acuden a practicar una interrupción del embarazo, un servicio incluido en el Sistema Nacional de Salud y al que tienen derecho en las 14 primeras semanas de gestación.

En una rueda de prensa convocada por las clínicas, sindicatos y asociaciones de mujeres, la abogada Cristina Colom, vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, advirtió de que estas coacciones “vulneran los derechos a su libertad como a mantener su decisión de proceder a la interrupción del embarazo, pero también a su intimidad y a su imagen”.

Muchas de estas coacciones pasan, según las propias clínicas, por hostigar a las pacientes a las puertas de los centros sanitarios, insultarlas, enseñarles imágenes de fetos e, incluso, poner en sus manos muñecos que simulan bebés o invitarlas a entrar en una ambulancia para que vean su feto mediante una ecografía.

En este sentido, las más de 60 organizaciones que conforman la plataforma ‘#abortosinacoso’ reclaman al Gobierno que se fije en las medidas tomadas por Francia para garantizar el derecho de las mujeres a practicar una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Y es que el país vecino castiga desde 2017 con dos años de prisión y 30.000 euros a quien impida u obstaculice el derecho de las pacientes a practicar un aborto en el marco de la ley.

Actualmente, las mujeres españolas que son acosadas en el momento de entrar a las clínicas abortivas deben denunciar los hechos por su cuenta pero, según el asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch, esto no suele ocurrir dada su vulnerabilidad y el momento de especial sensibilidad en el que se encuentran. Además, muchas denuncias “no suelen prosperar”. “Nosotros no podemos dejar esa responsabilidad de denunciar en manos de la mujer, no queremos una solución individual, sino una solución colectiva”, añadió Bosch.

“ZONA DE SEGURIDAD”

Según las asociaciones de mujeres y las clínicas, las únicas iniciativas que existen en España para evitar situaciones de acoso frente a los centros sanitarios parten del PSOE, que en su último programa de medidas para un acuerdo de Gobierno incluyó establecer una “zona de seguridad” e torno a los centros autorizados para la IVE; y de Más Madrid, que en la Comunidad de Madrid trató de aprobar una propuesta similar.

Para la secretaria de Igualdad de UGT-Madrid, Ana Sánchez de la Coba, “las mujeres (que acuden a abortar) llegan con ansiedad y con miedo”, lo que hace, a su juicio, aún más necesaria una protección frente al acoso de los grupos provida y ultracatólicos.

Por su parte, Maribbel Teigell, de Derechoa Morir Dignamente, recordó que el aborto es “una prestación más del Sistema Nacional de la Salud” y que cuenta “con una ley que lo refrenda”, por lo que destacó que quienes obstaculizan su acceso a las clínicas están evitando que las mujeres ejerzan sus derechos y reciban un servicio sanitario.

Por último, el asesor jurídico de ACAI valoró que esta situación se produce porque “un grupo de personas quieren imponer su moral”, y añadió que el acoso se da “porque es un problema de mujeres; porque tengo el convencimiento de que si fueran hombres los que abortaran esto no pasaría”.

Las 62 organizaciones de la plataforma, entre las que se encuentra la asociación de Mujeres Progresistas, juristas, CCOO, UGT y colectivos feministas, han organizado mañana una acción frente a la Clínica Dator para dar apoyo a las mujeres que acudan a abortar y tratar de impedir el “acoso” de los grupos próvida, que han comenzado una campaña de 40 días para intensificar sus acciones contra las mujeres que abortan.