En su comparecencia ante el pleno del Parlamento Andaluz, Ruiz detalló que “concretamente, desde el 1 de enero al 31 de agosto de este año, se han contabilizado un total de 1.742 abandonos voluntarios", un 34% de los atendidos.

Esto supone 12 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2018 (en el que el porcentaje de fugas fue del 46,37%). De hecho, durante los años 2017 y 2018 se produjeron 2.055 y 5.041 abandonos, respectivamente.

Según Ruiz, “el abandono de Menas de los centros de protección y recursos residenciales es una constante que se produce desde hace años en todas las comunidades autónomas y que exige una respuesta integral y solidaria por parte del resto de administraciones”.

“La causa fundamental de este abandono en nuestra comunidad radica en que Andalucía es la puerta de entrada de la Unión Europea", explicó. "Un paso obligado para todos aquellos cuyo proyecto migratorio implica otro territorio, bien dentro del Estado español, bien en otros países europeos".

Agregó que la mayoría de estos menores -que han atravesado cientos de kilómetros y han superado numerosos obstáculos para llegar a nuestra tierra- tienen "claramente definido hacia dónde se dirigen", ya que o cuentan con familiares y conocidos en determinados lugares, o consideran que tendrán unas mejores oportunidades laborales en otras comunidades o en otros países.

Por otro lado, señaló que “muchos de los presuntos menores que ingresan en nuestros centros, cuando conocen que se les va a realizar las pruebas oseométricas para determinar si son mayores de edad y proceder en consecuencia, abandonan el centro. De hecho, "se estima que entre el 75 y el 80% de los presuntos menores a los que se les realizan las pruebas son efectivamente mayores de edad”, apuntó.

Explicó que para paliar este problema de abandonos, se adoptan medidas como facilitar información y desmontarles falsas creencias sobre las ventajas de otros lugares; favorecer el contacto con su familia; o iniciar lo antes posible los trámites para la obtención de su documentación, entre otras.

MÁS COLABORACIÓN

Por ello, desde la Junta "reclamamos estrechar la colaboración necesaria entre comunidades autónomas que permita realizar un acompañamiento de estos jóvenes en su proyecto migratorio". A juicio de la consejera, "este acompañamiento evitaría las situaciones de altísimo riesgo que corren los menores al realizarlo en solitario y, sobre todo, ser captados por redes de trata de personas”.

En este sentido, Ruiz insistió en "el desarrollo de medidas a nivel estatal y europeo que garanticen el reparto solidario entre las comunidades y los países y que favorezcan un flujo migratorio ordenado con acompañamiento y coordinación efectiva de las administraciones implicadas".

“Una cuestión que podríamos exponer en la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia, cuya convocatoria hemos solicitado reiteradamente al Gobierno central", reiteró la consejera. "Lamentablemente, por el momento hemos obtenido la callada por respuesta”, concluyó.