Así lo refleja el último ‘Informe Anual de Ayudas Públicas’ que ha remitido a las Cortes Generales la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El estudio toma como referencia los últimos datos oficiales de la Comisión Europea, correspondientes a 2017.

Las ayudas públicas concedidas en España representaron el 0,33% del PIB nacional en 2017, frente al 0,26% del PIB en 2016. En toda la UE-28, se produjo una tendencia parecida (del 0,73% del ejercicio anterior al 0,77% actual). Los países nórdicos son, de lejos, los mayores concedentes de ayudas dentro de la UE.

El aumento de las ayudas públicas en España se produjo, sobre todo, en las ayudas horizontales, un tipo de subvenciones que no están restringidas a sectores económicos concretos.

En consecuencia, las ayudas sectoriales redujeron su peso, lo que es un dato positivo, ya que las ayudas horizontales presentan menores distorsiones a la competencia, y son prioritarias para la UE.

En cuanto a los objetivos perseguidos, se dedicaron recursos sobre todo a ayudas a consumidores individuales (por ejemplo, ayudas a residentes no- peninsulares) y relativamente menos recursos a favorecer la transición ecológica y energética, en comparación con la media de la UE-28. El informe destaca que desde 2014 no se han otorgado nuevas ayudas al sector financiero.

ACTUACIONES DE LA CNMC

También incluye las principales novedades normativas y resoluciones administrativas y judiciales impulsadas por las autoridades de la UE en 2018 en materia de ayudas de Estado.

Destaca la aprobación del Código de buenas prácticas para el control de ayudas de Estado. En el caso de España, las decisiones más relevantes se han referido a los sectores agrícola, energético, transporte y postal.

En cuanto a las principales actuaciones realizadas por la CNMC en 2018 con respecto a las ayudas públicas, destacan los análisis de ayudas al transporte urbano de pasajeros en autobús en A Coruña y Cádiz, así como el informe sobre el transporte marítimo de pasajeros en la línea Algeciras-Ceuta.

Resaltan igualmente los ocho informes realizados sobre ayudas al despliegue de banda ancha NGA en diferentes regiones y territorios españoles, y el informe sobre transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias.

Cuando una empresa recibe apoyo público (fondos públicos) obtiene una ventaja respecto a sus competidores. Por ello, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las ayudas de Estado salvo que estén justificadas por razones de interés general.

Las ayudas de Estado están sujetas, salvo excepciones, a autorización previa por parte de la Comisión Europea. En todo caso, existen determinadas categorías de ayudas de Estado (como las ayudas de menor cuantía o “de minimis”) que no están sujetas ni a notificación ni a comunicación.