El Cermi, como mecanismo independiente de seguimiento de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, ha remitido un informe a la Comisión Europea con alegaciones ante la decisión, este verano, de esta institución comunitaria de iniciar los preliminares para, en su caso, "incoar un procedimiento de infracción contra España".

El informe resalta que “España cuenta con un sólido y robusto marco legal que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a disponer de servicios públicos accesibles e inclusivos, así como a tener garantizada su seguridad. Esto debe tener una correspondencia directa con los sistemas de información y atención de emergencias como es el teléfono 112”.

En el marco legal que ampara el derecho a la accesibilidad de los servicios de emergencias se encuentra la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil; la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social; la Convención Internacional de la Discapacidad, y la propia Constitución Española, en la que la igualdad es un derecho fundamental.

Además, el Cermi recuerda que España aprobó la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en cuyo artículo 6 se estipula que un ámbito de aplicación de esta Ley son los bienes y servicios a disposición del público.

Estas leyes se ven reforzadas por otros instrumentos no normativos como una declaración del año 2011 del Parlamento Europeo en la que apeló a la Comisión para que presentara propuestas legislativas de estandarización para hacer completamente accesibles los servicios del 112 a toda la ciudadanía.

PROBLEMAS EXISTENTES

En España, según informa el Cermi en una nota, son las comunidades autónomas las que prestan el servicio 112 y, en paralelo, no existe un operativo de accesibilidad común en todos los territorios. En algunas de ellas se han habilitado sistemas en los que las personas con discapacidad auditiva se registran y pueden enviar mensajes de texto en caso de emergencia, pero si salen del territorio de la comunidad en la que se han registrado ya no les es posible realizar dicha llamada. Asimismo, el servicio en muchos casos tampoco incorpora la posibilidad de poder comunicarse a través de lengua de signos.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España alerta de que “no garantizar la accesibilidad de este servicio implica dejar fuera de la protección, y por tanto en una situación de emergencia permanente a las personas sordas y sordociegas, comprometiendo su integridad y su seguridad”.

El Cermi ha venido pidiendo que Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, "solventase esta situación, sin ninguna respuesta efectiva y pronta en el tiempo". Además, señala que la solución es posible, porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, por lo que solo hace falta voluntad política. Se trataría de implantar un mecanismo centralizado o una transferencia automática entre territorios para que la persona no necesite saber los protocolos de cada comunidad autónoma.