El informe pone de manifiesto que el gasto social autonómico en sanidad, educación y servicios sociales en 2018 desciende un 0,4% respecto a 2017 y un 3,6% menos que al inicio de la crisis económica.

De hecho, existen diferencias interterritoriales importantes en el gasto social por habitante entre unas y otras comunidades autónomas. Así, tanto País Vasco como Navarra superan los 3.000 euros anuales, mientras que, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.100 y los 2.600 euros. “Bien es cierto que el gasto por habitante es un dato excesivamente grueso que no considera cuestiones esenciales como las diferencias del coste de la prestación de servicios por territorios”, según puntualiza esta asociación.

Por ello, destaca que “es evidente que se corren riesgos, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales que se prestan por parte de las Comunidades Autónomas, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos con un escenario que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020”.

En el informe se afirma que en 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde aquella fecha se ha recuperado de forma paulatina la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, “este esfuerzo es aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009)”.

ESTANCAMIENTO POLÍTICO

El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, “ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro”, según destaca el informe.

Lo preocupante para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de la situación actual es que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue 2.420 euros, un 4,54% inferior al de 2009, que fue de 2.535 euros. De la misma manera, el porcentaje sobre el presupuesto total que se destina a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2018 ha sido del 60,7%, lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.

IMPORTANTES DIFERENCIAS

Por comunidades autónomas, hay nueve de ellas que han conseguido superar en 2018 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Baleares (+9,6%), Comunidad Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias (+5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), La Rioja (+2,1%) y Extremadura (+1,9%).

Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del 13,8%. También Canarias, con un 5,6% y la Comunidad de Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones destacadas.

El informe subraya también que la tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda. No obstante, la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016. Cataluña ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales.