Así consta en la Memoria de 2019 de la Fiscalía General del Estado, que este lunes fue dada a conocer coincidiendo con la apertura del Año Judicial, que se realizó solemnemente en un acto en el Tribunal Supremo presidido por el Rey.

La Memora de la Fiscalía, que recoge la situación y actuaciones de esta institución durante 2018, dedica diversos apartados a la lucha contra la delincuencia, uno de los cuales tiene que ver con la expulsión de España de delincuentes extranjeros.

El recurso a este precepto legal ha sido usado los pasados 29 de agosto y 6 de septiembre en Barcelona contra carteristas y otros delincuentes que actúan en el Metro de Barcelona. En estas fechas, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional detuvieron a unos 40 delincuentes multireincidentes, a los que puede se intentará aplicar la legislación sobre extranjería para que abandonen España.

Precisamente por lo que se refiere a la expulsión de estos delincuentes extranjeros en la capital catalana durante 2018, en la Memoria de la Fiscalía se afirma que no existen datos de la Ciudad Condal porque las “herramientas informáticas” de la Fiscalía de Barcelona “no permiten el registro de estos expedientes”.

“RETICENCIA” DE LOS JUECES

Por lo que se refiere al conjunto de España, el Ministerio Público explica que en 2018 emitió un total de 1.633 informes favorables a la sustitución del proceso penal por la expulsión de extranjeros investigados en causas criminales. Esto se hace en aplicación del artículo 57.7 de la Ley de Extranjería.

En la Memoria también se alude a los casos de los delincuentes extranjeros que ingresaron en prisión hasta su expulsión. Se afirma que fueron 244, 3 menos que en 2017. En este terreno, la Fiscalía también alude a que “se mantiene constante la reticencia de jueces y tribunales a la privación de libertad en espera de la materialización de la expulsión”.

Asimismo, la Fiscalía se refiere a que estas cifras “son meramente aproximativas y basadas, fundamentalmente, en el recuento manual efectuado por los Delegados provinciales”, ya que desde la Fiscalía General de Madrid no se recogen dato “en muchas provincias”.