Alerta alimentaria
Facua denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla redujo “indebidamente” la categoría de riesgo de Magrudis
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Facua-Consumidores en Acción denunció este martes que el Ayuntamiento de Sevilla redujo “indebidamente” la categoría de riesgo de Magrudis en julio de 2017 al nivel C, lo que, a su juicio, “provocó” que el plazo para la siguiente inspección se flexibilizase hasta los dieciocho meses en lugar de hasta los seis o doce que se establecen para las categorías A y B, de riesgo superior.
Así lo puso de manifiesto en rueda de prensa el portavoz de la organización, Rubén Sánchez, quien subrayó que, de esta forma, la siguiente inspección podría haberse realizado a los 12 meses, en julio de 2018 o, como mucho, y “de manera prioritaria”, a comienzos de 2019, circunstancia que, a su entender, “quién sabe si podría haber paralizado la actividad”.
Sánchez criticó que la inspección de julio de 2017 estimó que la empresa propietaria de la marca ‘La Mechá’ había dejado de distribuir sus alimentos en toda la provincia de Sevilla, tal y como determinó durante la visita anterior, en noviembre de 2016.
A este respecto, Facua instó al equipo de Gobierno de Juan Espadas a que “aclare bajo qué criterio” se produjo esa “modificación trascendental” tras la inspección municipal en julio de 2017 al estimar que los productos de Magrudis “habían dejado de distribuirse en otras localidades de la provincia” y asignó cinco puntos en lugar de los diez de la visita anterior al “riesgo potencial” en función del “riesgo para los consumidores” según el ámbito de distribución de sus productos.
La puntuación total asignada a Magrudis en la inspección de julio de 2017, la última hasta la activación de la alerta alimentaria, fue de 70 puntos, lo que, según Facua, provocó que pasara a la categoría de riesgo C. Son cinco puntos menos de los que habría obtenido si se hubiera mantenido el Distrito Sanitario, que incluye la provincia, como su ámbito de distribución, con el ascenso a la categoría B que ello implica.
Los planes inspectores de la Consejería de Salud sobre empresas alimentarias permiten "flexibilidad" en los plazos pero establecen que a comienzos de cada año deben efectuarse, de manera prioritaria, controles sobre los establecimientos que no hubieran sido visitados en el ejercicio anterior.
Sánchez, que dijo tener “sospechas fundadas” de que el brote comenzó antes de agosto, avanzó que el Ayuntamiento hispalense tendrá que explicar sus decisiones “en sede judicial”, dado que la organización de consumidores trasladará al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla toda la información de la que dispone en torno a las inspecciones realizadas a una empresa que, subrayó, “ha actuado de forma ilícita reiteradamente desde 2013” y ha desarrollado su actividad “alegremente”.
(SERVIMEDIA)
03 Sep 2019
MJR/gja