Así se recoge en su ‘Propuesta abierta para un programa común progresista’, que contempla un total de 370 medidas que plasman las peticiones realizadas por más de una veintena de organizaciones y expertos de la sociedad civil con los que ha mantenido reuniones en las últimas semanas de cara a recabar los apoyos necesarios para garantizar su investidura.

En el área de consumo, también pretende mejorar la protección de los usuarios mediante la regulación de la figura del “consumidor vulnerable”, con “especial atención” a colectivos específicos como el de la infancia, tal y como vienen reclamando las diferentes asociaciones de consumidores.

Además de la puesta en marcha de una estrategia para incentivar el consumo responsable y sostenible, entre las iniciativas más importantes en esta área también destaca la regulación de la obsolescencia programada con el objetivo de “prolongar” la vida útil de los productos, la capacidad de reparación, la existencia de piezas de repuesto, la posibilidad de “actualización” y la mejora de la información que, en este sentido, reciben los consumidores.